Piden que poder judicial respete derechos indígenas en Oaxaca
Oaxaca está conformada por 16 pueblos indígenas, un pueblo negro afroamericano, 434 municipios indígenas
Con la intención de plantear un pleno acceso a la justicia por parte de las comunidades y pueblos indígenas es necesario que los servidores judiciales tomen en cuenta las particularidades, cosmovisión y valores culturales que poseen, estableció Olivia Aguirre Bonilla, profesora investigadora de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Chihuahua.
En las constituciones de los países y en los instrumentos internacionales se han plasmado principios fundamentales de todos los seres humanos; uno de ellos es el acceso a la justicia que es la facultad que tiene toda persona de acudir a los tribunales para resolver sus conflictos y de esta manera proteger sus derechos.
En su conferencia La Jurisprudencia de la Corte Interamericana en Materia de Derechos Indígenas, indicó que Oaxaca es el gran centro de la presencia indígena en México.
Es una entidad multicultural y pluriétnica, conformada por 16 pueblos indígenas, un pueblo negro afroamericano, 434 municipios indígenas, dentro de sus ocho regiones el 70% de la población es indígena o desciende de ella, asimismo existen CINCO familias lingüísticas, 15 lenguas y 176 variantes.
Realizada bajo los auspicios de la Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado (PJE), subrayó que los derechos de los que gozamos las personas no se agotan en los 136 artículos constitucionales, sino que deben completarse con los reconocidos en los tratados internacionales que forman parte de nuestro ordenamiento jurídico. Tratándose de derechos humanos, nuestro texto constitucional se ha abierto para incluir con idéntica fuerza normativa disposiciones de fuente internacional sobre la materia.
Integrante del Sistema Nacional de Investigadores, apuntó que todos los impartidores de justicia tienen la obligación de conocer y aplicar en sus resoluciones los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con el objetivo de emitir un dictamen en el marco de la ley, con criterios que fundamenten el respeto de los derechos de cada persona y del entorno en el que habita y se desarrolla.
