Pese a las multimillonarias ganancias que genera la minería, la pobreza persiste en San José del Progreso. En este municipio donde el 29 por ciento de sus 6 mil 800 habitantes sufre hambre y el 37.4 por ciento se encuentra en rezago educativo, la minera Cuzcatlán extrajo en 2016 oro y plata por un valor de 3 mil 003 millones de pesos, de los cuales únicamente 21.3 millones de pesos volvieron al municipio a través del Fondo Minero. Por cada millón que Cuzcatlán extrae de la mina el municipio obtiene 0.00699 centavos.
Para recibir los recursos que la filial de la canadiense Fortuna Silver obtuvo en un año, el municipio tendría que esperar 415 las ministraciones que de la Federación le envía a través del Ramo 28, en 2016 aproximadamente 4.7 millones de pesos.
Las cifras son congruentes y poco sorpresivas. En 2017, según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la recaudación neta proveniente de la minería representó el 0.35 por ciento de los ingresos del gobierno federal. El valor de la extracción el año pasado fue de un billón 714 mil 392 millones de pesos, lo que obtuvieron las arcas federales vía impuestos, 22 mil 397 millones de pesos. Las empresas mineras tratan a Hacienda como Cuzcatlán trata a San José.
Los 21.3 millones de pesos que ha recibido el municipio han generado obras de impacto social en esta comunidad. La entrada al municipio está pavimentada, se está construyendo un nuevo templo para suplir al que los opositores a la minera mantienen en su poder y un centro deportivo que ningún municipio de Valles Centrales puede presumir. A través de esos recursos se ha apoyado también la remodelación del centro de salud, un mercado aún inconcluso y otras obras.
Los beneficios del desarrollo minero se desvanecen pronto caminando por el municipio. En la agencia de Maguey Largo, a unos 10 kilómetros de distancia de la cabecera, se llega por caminos de terracería. Las alrededor de 840 personas que habitan esta porción de San José nada saben de beneficios generados por la minera.
“Aquí todos nos oponemos a su operación porque sabemos que trae muchos beneficios pero al rato nos va a dejar el doble de perjuicios, por eso la inconformidad”, señala un habitante de esta agencia integrante de la Coordinadora de los Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (COPUVO), un grupo que en los primeros años de la operación de la mina Cuzcatlán mantuvo una fuerte oposición e incluso la mantuvo tomada durante meses.
Las asambleas de esta organización en 2009 tuvieron hasta 900 pobladores, en 2012, tras el desalojo que sufrieron de la mina el ánimo disminuyó y el promedio de asistencia para 2012 bajó a 200 o 250, hoy acaso suman 40 pobladores.
“Del municipio recibimos recursos, porque nos corresponde, pero de la empresa nada, recibimos del ramo 33 para obra, yo no sé si el año pasado aplicaron algo de ese fondo, pero este año nada”, dice un integrante de la coordinadora.
Hoy el movimiento está roto, explica otro de los integrantes que ha pedido omitir su nombre “porque hay temor, siempre ha habido por represalias”.
“La coordinadora no ha hecho ningún movimiento, está tranquila, no hay ninguna actividad que haga sobre la minería, ahorita los dirigentes no han hecho nada. El 18 de enero de 2012 asesinaron a Bernardo Méndez Vásquez, el 15 de marzo de 2012 mataron a Bernardo Vásquez Sánchez, nosotros siempre hacíamos cierres simbólicos en esas fechas, pero ahorita están otros dirigentes de la coordinadora, están recibiendo recursos del ramo 28, por eso no están haciendo nada, porque están recibiendo su billete”, asegura.
Crecimiento relativo
La actividad de Cuzcatlán ha servido también para beneficiar directamente la economía de los habitantes, ya sea a través del salario de los trabajadores o de la derrama que generan a negocios de la localidad. Se estima que en la mina trabajen alrededor de 800 trabajadores, de los cuales 200 son originarios de San José. A la entrada de la oficina de atención comunitaria de la minera hay un pizarrón con ofertas de empleo, uno por mil 300 pesos semanales y otro por 2 mil 500. Son sueldos incluso superiores a los que se obtienen en la ciudad de Oaxaca.
Alrededor de la mina hay diversos centros de venta de materiales para la construcción y la edificación de casas es constante. También se han beneficiado los dueños de talleres mecánicos y quienes rentan los camiones volteo a la minera.
“Hay cierto crecimiento, pero el proyecto minero solo está entregando el 1 por ciento de sus ganancias, es una situación que profundiza la desigualdad” explica Neftalí Reyes Méndez, integrante del área de Derechos territoriales de Servicios para una Educación Alternativa (EDUCA), una organización que ha acompañado el trabajo de la Copuvo. “No solo es la pobreza, sino la desigualdad que se ve en el casco urbano, los trabajadores de la mina tienen estos supuestos beneficios, pero si te alejas a la periferia, a las agencias ves que no están pavimentadas las calles, se ahonda la desigualdad, no hay un beneficio parejo como debería de ser si lo ves desde una política del Estado o del municipio, en este caso se está velando por los beneficios de la empresa, eso genera una brecha de desigualdad”.
Municipios mineros en la pobreza
Como San José del Progreso, decenas de municipios donde se realizan actividades de extracción minera reciben recursos del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros (Fondo Minero), que entró en vigor en 2014, y cuyos recursos deben ser destinados a inversión física con un impacto social, ambiental y de desarrollo urbano de las comunidades donde se realiza la extracción. Estos recursos han resultado insuficientes para eliminar la marginación.
El informe Las actividades extractivas en México: minería e hidrocarburos hacia el fin del sexenio realizado por el centro de investigación Fundar expone cómo 54 por ciento de los principales municipios que han recibido recursos del Fondo Minero cuenta con mayor porcentaje de población en pobreza que el promedio nacional, mientras que 29% está por encima del promedio de pobreza extrema.
Entre los 24 municipios que han recibido mayor cantidad de recursos del fondo, San José del Progreso es el que mayor porcentaje de población se encuentra en condiciones de pobreza, con 90 por ciento, mientras que el 42 por ciento se encuentra en pobreza extrema.
En 2016 –el último año del que la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), la dependencia encargada de operar el fondo, ha actualizado los datos- Oaxaca recibió 55.2 millones de pesos de este fondo, 20.7 por ciento entregados al Gobierno del Estado y 34.5 a municipios. San José fue el municipio que más ingresos obtuvo de este rubro, 21.3, mientras que San Pedro Totolápam obtuvo 13.18.
