“En Oaxaca no hay lugar en donde no haya una concesión”, señala Hugo Aguilar Ortiz, abogado indígena integrante del Colectivo Oaxaqueño en Defensa del Territorio y director de Sistemas Normativos Internos del Instituto Estatal Electoral de Oaxaca (IEEPCO), quien apunta que la invasión de los territorios por parte del gobierno federal y de empresas mineras ha politizado a las comunidades indígenas que hoy buscan incidir en las elecciones presidenciales no a favor de un candidato, sino a través de la inclusión de su agenda.
Hasta 2015 Oaxaca era la quinta entidad de la que mayor cantidad de plata se extraía en el país; de San José del Progreso, un municipio con poco más de 100 kilómetros cuadrados de extensión, se extrajo el 4.58 por ciento del total de plata nacional, más del 75 por ciento de la que produjo el estado.
En Valles Centrales la empresa Fortuna Silver tiene concesionadas 80 mil hectáreas a través de cuatro subsidiarias. Los municipios en donde han surgido manifestaciones en contra de la minería son al menos 50: Magdalena Teitipac, Capulálpam de Méndez, Santo Domingo Zanatepec, San Pedro Totolapan, Santa Catarina Minas, Santo Domingo Zanatepec, Teotitlán del Valle, Santiago Matatlán…
Aguilar señala que la entrega de concesiones mineras sin consulta, así como las disputas por la explotación de recursos naturales se han convertido en el motor para organizar políticamente a las comunidades indígenas que están revirtiendo la relación de clientelismo que por años mantuvieron con los partidos políticos.
“Hace 10 o 12 años la toma de decisiones era mucho más pragmática, si alguien ofrecía una cantidad de cemento hasta en asamblea se acordaba votar por ese candidato, hoy no, hoy veo un incremento en el nivel de conocimiento de lo que está pasando más allá de las comunidades, están tomando una posición frente al proceso electoral que viene, ya no es tan acertado decir que no les interesa lo que pase en el país.
“Hay un conjunto de políticas y acciones que están teniendo repercusión en las comunidades, los megaproyectos, las concesiones mineras, el tema agrario, el uso y aprovechamiento de la tierra y los recursos están teniendo impacto importante en las comunidades y van tomando conciencia de dónde vienen y a dónde van, hay un buen número de comunidades politizadas que están descubriendo lo que está pasando a nivel nacional y yo creo que van a tomar participación en esta elección”, asegura.
Se revertirá el abstencionismo
En las elecciones de 2016 para elegir gobernador municipios con conflictos por la operación de minas registraron una baja participación en las urnas. El caso emblemático es el de Magdalena Teitipac, uno de los primeros lugares donde se logró la expulsión de una minera extranjera. En la votación en la que resultó elegido Alejandro Murat solo el 30 por ciento de los ciudadanos participó.
San Juan Guelavía tuvo un porcentaje de participación de 34.95 por ciento, Totolápam, 38.26 por ciento, sin embargo, el abogado asegura que en este proceso se revertirá la tendencia del alejamiento proceso político.
“No hay lugar en donde no haya una concesión, eso propicia la reflexión, el capital último que tiene una comunidad es su territorio y cuando uno toca ese tema genera una reflexión en cadena muy importante, los aspectos que se miran como amenazas del exterior propician mayor reflexión que la posibilidad de un proyecto, si tú convocas a un grupo de comunidades a generar algún proyecto no hay mucha reflexión, el soñar, el tener una perspectiva de futuro no genera mucha participación, pero si te reúnes para ver una amenaza específica la reflexión surge de manera natural”, explica.
En contraparte, subraya, no se ha visto ningún pronunciamiento de ninguno de los tres principales precandidatos sobre las demandas de los pueblos originarios, sobre la forma para relacionar los grandes proyectos económicos del país con su demanda de proteger su territorio y de decidir sobre sus recursos.
“Pareciera que hay que hacer escándalo para que tu agenda forme parte de la agenda política de quien busca un espacio de poder y no viceversa, no hay un candidato que vea la realidad y transforme su propuesta política, eso puede generar desánimo. Otros compañeros indígenas están tratando de generar interlocución con actores políticos para que se incluya la agenda indígena. La Red Nacional Indígena, por ejemplo, más allá de qué color sea, buscan que la agenda indígena permee, si no se encuentra eco en estas campañas tampoco es una cosa nueva, el tema indígena no es tema que marque la agenda de los partidos”.
Fracasó la reforma indígena de Cué
Aguilar fue uno de los creadores y principales impulsores de la reforma en pro de los derechos de los pueblos indígenas en Oaxaca, una iniciativa que pretendía modificar al menos la mitad de los artículos de la constitución estatal y, entre otras cosas, garantizar una cuota mínima de integrantes indígenas en el Congreso del Estado y que el trabajo por tequio fuera reconocido por el Estado para su retribución económica.
El proyecto de ley se realizó en foros regionales, asambleas municipales, con la asesoría de institutos de investigación, organizaciones sociales, universidades, especialistas, el gobernador la presentó ante el Congreso pero después “la dejó a su suerte, la abandonó”. La propuesta ni si quiera se discutió en el pleno.
Uno de los logros que se concretó con esta propuesta fue la inclusión en la Constitución de la figura del candidato indígena independiente, que podría buscar un lugar como diputado local sin necesidad de estar respaldado por un partido político. La figura hasta ahora no ha sido reglamentada por los legisladores locales.
“Era una reforma que buscaba devolverle el poder al pueblo, una gran parte de las decisiones tenía que pasar por las comunidades a nivel de diálogo, la representación, consulta, se proponía una nueva idea de territorialidad, todo eso no iba en dirección de las reformas estructurales, que buscan que una cúpula decida lo que se tiene que hacer”.
La propuesta generó incluso que la Secretaría de Gobernación realizara observaciones que, de acuerdo con organizaciones sociales, desnaturalizaban la iniciativa.
A cinco meses de la elección presidencial, las comunidades indígenas que deseen participar tendrán que sumarse nuevamente a la lógica partidista, a analizar las propuestas de candidatos que ni si quiera irán a sus comunidades, no obstante, la reflexión, asegura Aguilar es el punto en donde hoy se encuentran.
“Hay un estado generalizado de malestar que propicia la reflexión, se preguntan ‘¿vamos a hacer algo?, ¿vamos a dejar que esto vuelva a pasar?”.
