Para la fundadora y coordinadora de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Gloria Ramírez Hernández, las propuestas como la Ley Antimarchas que se pretende impulsar en Oaxaca, primeramente debe consensarse para atender desde la raíz los fenómenos que provocan las manifestaciones.
La especialista en materia de derechos humanos recomendó no hacer de estos temas como asuntos políticos, por lo que pidió a los actores involucrados construir espacios de consensos y socialización donde participen expertos en la materia como urbanistas y sociólogos.
En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, Ramírez Hernández advirtió que actualmente México vive una grave crisis en materia de derechos humanos, por lo que “es necesario y urgente actuar y defender nuestros derechos”.
Al dictar su conferencia magistral “Avances y Retrocesos de los Derechos Humanos en México, 1948-2017”, comentó que Oaxaca es pionero en la defensa de los derechos humanos pero también, es de los primeros en recibir recomendaciones de organismos regionales e internacionales por violaciones a los mismos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su último informe, identificó graves y alarmantes situaciones de violencia como la muerte de más de 100 mil personas desde el año 2006 hasta el 2015, por la lucha contra el narcotráfico, más de 27 mil desapariciones reconocidas por el estado mexicano, más de dos mil investigaciones de casos de tortura, ejecuciones extrajudiciales.
Además de documentar situaciones de grave inseguridad de las mujeres, la niñez, los migrantes, las defensoras y defensores de derechos humanos y periodistas, quienes muchas veces son víctimas de secuestro, tortura, amenazas y hostigamientos, al grado de citar que México es uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo, con excepción de aquéllos que se encuentran en guerra.
Aunado a ello, señala el desplazamiento de miles de personas en el país, por la violación de sus derechos humanos y las situaciones específicas de grave preocupación como han sido los casos de Tlatlaya, en el Estado de México, Apatzingán y Tanhuato ambos en Michoacán y Ayotzinapa, en Guerrero.
En su participación, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el congreso local, Horacio Antonio Mendoza, dio a conocer que durante los primeros ochos meses de este año, en Oaxaca había mil 906 violaciones a derechos humanos, por violaciones a la seguridad jurídica, a la libertad, a la seguridad personal, al debido proceso y al respeto de las garantías judiciales.
Por ello, urgió que para lograr un auténtico acceso a la justicia “es preciso transitar de un acceso formal a un disfrute real y tangible para todas las personas”.
