Gira Contraloría oficios a SAI para investigar presunto desvío de recursos
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Gira Contraloría oficios a SAI para investigar presunto desvío de recursos

Montero López renunció a su cargo luego del asesinato de la fotorreportera, según para facilitar las investigaciones sobre el caso a cargo de la Fiscalía General del Estado


Gira Contraloría oficios a SAI para investigar presunto desvío de recursos | El Imparcial de Oaxaca

La Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental (SCTG) giró diversos oficios a funcionarios de la Secretaría de la Asuntos Indígenas (SAI), para deslindar responsabilidades sobre el presunto uso de recursos públicos en campañas electorales en Juchitán de Zaragoza.

Lo anterior, derivado de los hechos ocurridos el pasado fin de semana, en donde sujetos desconocidos asesinaron a la candidata a segunda concejal Pamela Terán, a la fotógrafa y jefa de prensa de la dependencia estatal, María del Sol Cruz Jarquín y al chofer.

En declaraciones a medios de comunicación, Soledad Jarquín Edgar, periodista especializada en temas de Género y madre de la joven profesionista, reveló que su hija había sido “comisionada” por su jefe (Francisco Montero López), a cubrir la campaña de su hermano Hageo Montero, quien es candidato del PRI a la presidencia municipal de Juchitán.

Sin embargo, hace unos días, Montero López renunció a su cargo luego del asesinato de la fotorreportera, según para facilitar las investigaciones sobre el caso a cargo de la Fiscalía General del Estado.

A su vez, Contraloría dio inicio a un expediente de investigación por presunta responsabilidad administrativa en contra de quien o quienes resulten responsables, al interior de la SAI.

La sanción

De acuerdo con el artículo 398 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca, se impondrá el castigo de prisión de dos a nueve años al servidor público que proporcione apoyo a través de sus subordinados, usando el tiempo correspondiente a sus labores para que éstos presten servicios a un partido político o candidato.

También la Ley General en Materia de Delitos Electorales, en su artículo 11, fracción IV, establece que se impondrán de 200 a 400 días de multa y prisión de dos a nueve años al servidor público que proporcione apoyo o preste algún servicio a un precandidato, partido político, coalición, agrupación política o candidato, sea que lo haga por sí mismo o a través de sus subordinados, en sus horarios de labores.


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