¿Por qué a pesar de que tenemos un marco jurídico muy avanzado, muy garantista, que es la Ley General de Derechos Lingüísticos aún existen problemas en el acceso a la salud, la justicia y la educación? Se pensaría, dice Edith Matías Juan, que con una ley que lleva 15 años de vigencia el problema está resuelto.
“Cada institución, en teoría, debería saber qué hacer para poder brindar políticas públicas pertinentes al contexto de diversidad cultural y lingüística (como la) de Oaxaca. Y, sin embargo, a lo que nos enfrentamos es que no, que no existe ni esa formación por parte de los servidores públicos, a veces incluso (se da) la negación de esa diversidad cultural y lingüística”.
Matías Juan, coautora junto a Abigail Castellanos de la publicación 15 Años: Los Alcances de la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas en el ejercicio de los derechos humanos en Oaxaca analiza cómo desde 2003, cuando se publica la ley, existen varias barreras para que hablantes de ixcateco (Santa María Ixcatlán) y de chocholteco (de Santa María Nativitas) accedan a salud, educación y justicia. Aunque las dos comunidades fueron las analizadas durante 2018, la situación expone las problemáticas que enfrentan hablantes de otras lenguas originarias.
LA INVESTIGACIÓN
La también integrante del Centro Profesional Indígena de Asesoría Defensa y Traducción (Cepiadet) desarrolló, junto a Castellanos, una investigación de un año con hablantes de ambas comunidades, de dos de los idiomas con más riesgo de desaparecer en el estado.
El volumen, señala la intérprete zapoteca, “es un cúmulo de situaciones que como hablantes de lenguas indígenas hemos detectado o experimentado en nuestro quehacer cotidiano como intérpretes, como traductores de los derechos de los pueblos indígenas, como hablantes y usuarias de los servicios educativos, de salud y justicia”. Asimismo, condensa la experiencia del Cepiadet, un organismo creado en 2005 y conformado por profesionales indígenas como ellas.
A través de cuatro capítulos, las autoras (ambas hablantes de zapoteco) detallan lo que ocurre con la ley, en ámbitos como la salud, la educación y la justicia, y que a 15 años de su publicación pareciera no haberse fortalecido.
“Estamos en este ir y venir cotidiano de la falta de presupuesto”, Edith Matías, sobre la carencia de intérpretes para atender a hablantes y que estos tengan acceso a los servicios del estado.
SIN SUPERAR BARRERA DEL RACISMO
Sobre el volumen, la antropóloga Lorena Córdova apunta que en el país “no hemos superado la barrera del racismo”, y eso se observa en la investigación de las autoras, quienes se encontraron con esta situación a nivel institucional.
“En una de las respuestas que una de las instituciones mediante la plataforma de acceso a la información les dio sobre atención a población indígena, era interesante ver que la institución decía: claro que les atendemos, toda la gente que tenga problema de ‘comunicación’ o alguna discapacidad, es atendida mediante un intérprete”.
Para Córdova, el hallazgo muestra cómo persiste un problema lingüístico tenido como tal en los años 40 del siglo pasado y que se observa en ámbitos como el acceso a la educación o la salud.
La visión institucional que señala la antropóloga se observa incluso en las publicaciones gubernamentales, como las del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). En los resultados de la encuesta intercensal de 2015 se lee, por ejemplo, que hablar solamente la lengua indígena puede limitar el desarrollo de los hablantes.
“La mayor parte de la población hablante de lengua indígena también habla español; sin embargo, aún es considerable el número de personas que solo habla lengua indígena, a quienes se les conoce como monolingües de habla indígena. Esta condición puede limitar su interacción con otras personas fuera de su comunidad e incluso su propio desarrollo”, refiere el documento en el apartado sobre etnicidad.
Ante muestras como ésta, de que una lengua indígena es limitante, ya sea para la educación o el acceso a servicios del Estado, Lorena Córdova considera necesario superar ya esa barrera de racismo institucional. “Saltar esa barrera y al mismo tiempo dejar de lado esta idea de que es el hablante el que se debe de asimilar a la atención que la institución o los gobiernos estatal o federal hacen hacia ellos”, expresa.
Asimismo, pide no enfocar las actividades o funciones de políticas lingüísticas solamente en idiomas como el ixcateco y el chocholteco, sino en todas las lenguas y desde una perspectiva que apunte a reducir la desigualdad social.
La publicación 15 Años: Los Alcances de la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas en el ejercicio de los derechos humanos en Oaxaca fue desarrollada por Edith Matías y Abigail Castellanos con apoyo financiero del Fonca y para la investigación se enfocaron en dos comunidades: Santa María Nativitas, donde se habla el chocholteco, y Santa María Ixcatlán, donde aún hay hablantes de ixcateco. Ambas lenguas son dos de las 16 originarias con que cuenta Oaxaca.
