Un grupo identificado como la Unión de Agencias en donde están ex policías, agentes municipales, pobladores y organizaciones no gubernamentales son los que —desde hace cinco meses en que estalló el conflicto y asesinaron a 15 personas en Huazantlán del Río— controlan el acceso y dicen quién ingresó o no; esto lo hace para mantener un filtro con el fin de evitar ser detenidos.
Por seguridad, las familias de las 15 víctimas han tenido que abandonar sus comunidades, principalmente de San Mateo, Rancho Pacífico y Huazantlán, a raíz de las amenazas de linchamiento de las que han sido objeto, con el fin de oprimirlos para que no digan la verdad ante las autoridades.
En entrevista, el alcalde Bernardino Ponce lamentó que el Gobierno no voltee los ojos a San Mateo del Mar para esclarecer el crimen atroz y detener a quienes sean los responsables. Agregó que no todo el pueblo está en contra; solo una parte de las personas que se empeñan en que la comunidad no progrese, porque así obedece a intereses particulares.
Este año, las obras fueron suspendidas porque no hay las condiciones para llevarlas a cabo ante el temor de que se dé otro enfrentamiento.
“Dimos parte a la Secretaría General de Gobierno, que ante la falta de condiciones no se realizaría ninguna obra; también a consecuencia de la pandemia”, expuso.
San Mateo del Mar lleva ocho años de ingobernabilidad; ningún edil ha podido despachar en el Palacio Municipal por cuestiones políticas de los grupos opositores.
