Un nuevo escándalo sacude las redes sociales tras la difusión de imágenes que muestran a un alto funcionario ambiental consumiendo huevos de tortuga, un producto cuya extracción, venta y consumo está estrictamente prohibido por la ley federal por tratarse de una especie en peligro de extinción.
El protagonista de esta polémica es Agustín Elías Ramírez Sánchez, actual director de Cambio Climático de la Secretaría del Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable de Oaxaca (SEMAEDESO), quien compartió en sus estados de WhatsApp fotos de una botana de huevos de tortuga hervidos, acompañada de bebidas alcohólicas.
Las imágenes circularon rápidamente en redes sociales, desatando indignación ciudadana y severas críticas por la falta de congruencia entre el cargo público que ostenta y sus acciones privadas.
¿IGNORANCIA O DESPRECIO POR LA LEY?
El hecho ha causado un fuerte debate, no solo por el impacto ambiental del consumo de huevos de tortuga, sino por lo que representa que un funcionario encargado de políticas climáticas incurra en este tipo de prácticas.
La Ley General de Vida Silvestre prohíbe de forma clara el consumo y posesión de huevos de tortuga, estableciendo sanciones que van desde multas hasta penas de prisión. El objetivo: proteger a las tortugas marinas, que enfrentan riesgos graves por la depredación humana y el cambio climático.
Para especialistas en derecho ambiental y activistas, el mensaje que envía esta acción es devastador:
si quienes deben cuidar el medio ambiente lo vulneran, ¿quién lo protegerá?
EL SILENCIO CÓMPLICE DE LA DEPENDENCIA
Hasta el cierre de esta edición, la SEMAEDESO no ha emitido posicionamiento alguno, y su titular, Karime Unda Harp, ha evitado responder preguntas sobre el comportamiento de su colaborador.
La ausencia de pronunciamiento oficial alimenta la percepción de impunidad y protección institucional, justo en momentos donde la administración pública enfrenta exigencias sociales por mayor transparencia, rendición de cuentas y ética en el servicio público.
UN ACTO PRIVADO CON REPERCUSIONES PÚBLICAS
Algunos defensores del funcionario podrían argumentar que se trató de un “acto privado”. Sin embargo, cuando se trata de autoridades encargadas de diseñar y aplicar políticas ambientales, la línea entre lo personal y lo público se desvanece.
“Un director de Cambio Climático no puede darse el lujo de ignorar la legislación ambiental. Este acto revela una cultura de simulación dentro de las instituciones”, señaló una investigadora de políticas públicas ambientales consultada para esta nota.
¿HABRÁ CONSECUENCIAS O TODO QUEDARÁ EN REDES?
El caso ya ha escalado al debate público en redes sociales, donde la ciudadanía exige una investigación interna y posibles sanciones al funcionario, además de un posicionamiento claro del gobierno estatal.
Mientras tanto, la pregunta que muchos se hacen es simple:
¿Puede seguir en su cargo un funcionario ambiental que presume el consumo de una especie protegida?
