Al menos tres datos de prueba fueron fundamentales para que la defensa de Jehú G.L., -imputado de los asesinatos de la fotoperiodista María del Sol Cruz Jarquín, de la candidata a segunda concejala Pamela Terán Pineda y de su escolta Adelfo Guerra Jiménez ocurridos en Juchitán de Zaragoza- demostrara que la Fiscalía General del Estado intentó ´sembrarle´ un testigo protegido y modificara dictámenes a su favor.
El veredicto del juez de control en la audiencia de ampliación del término, en la cual se dictó auto de libertad a Jehú, se dio ayer a las 03:10 horas luego de 20 horas de alegatos en los Juzgados de Control de Valles Centrales con sede en Tanivet, Tlacolula.
Aún cuando el juez de Juchitán, Omar Morales Simón, coartó en todo momento la libertad de prensa al no permitir el acceso a los representantes de los medios de comunicación a la audiencia pública, se logró establecer que la modificación de un dictamen en planimetría y la edición de un vídeo, así como la no comparecencia de un supuesto testigo protegido por parte de la Fiscalía, fueron datos de pruebas claves para la no vinculación a proceso en contra de Jehú, como probable responsable del delito de homicidio calificado.
El revés
De acuerdo con la fuente, el abogado particular de Jehú, Jesús Medina Cigarroa, demostró que su cliente no estuvo en el lugar, hora y fecha en que ocurrieron los homicidios como lo intentó vincular la Fiscalía el día 2 de junio a las 00:39 horas aproximadamente en el establecimiento denominado “Bar Jardín”, ubicado sobre la calle 5 de Mayo, sin número, en el centro de Juchitán.
Según la imputación, Jehu y las víctimas estuvieron conviviendo y consumieron bebidas embriagantes en este negocio, pero a las 02:22 horas Jehú se retiró por un monumento para platicar con otro hombre que se encontraba a lado de un árbol de tamarindo que se localiza en ese lugar.
A las 02:37 horas, las víctimas se retiraron del bar, adelantándose Adelfo Jiménez Guerra hacia el vehículo marca Toyota, tipo Rav4, color gris obscuro, debido a que era el conductor.
Detrás del chofer caminaban Pamela y María del Sol, pero al tratar de a bordar dicha unida de motor, les salió al paso el hombre que se encontraba a lado del árbol de tamarindo y disparó sobre Adelfo hasta causarle la muerte.
La acusación era que Jehú salió con un arma de fuego y disparó sobre Pamela y María del Sol, quienes también fallecieron por las lesiones sufridas.
El abogado demostró, con datos de geolocalización solicitados a Radio Móvil Dipsa, S. A. de C. V. que, su cliente estaba a tres kilómetros del lugar donde ocurrió el atentado, sobre la carretera Transístimica, esto por una llamada que le hizo su conocido José Eduardo desde el interior del bar Jardín, donde también convivía.
Durante el interrogatorio que solicitó el abogado hacerle al perito en planimetría de la Fiscalía sobre su dictamen emitido, se detectaron diversas irregularidades e incluso el reconocimiento de que se cometieron algunos errores.
A Chihuahua el testigo protegido
Otro dato fundamental para echar abajo los datos de prueba de la Fiscalía, fue la no comparecencia de un testigo que la dependencia dijo contar para el señalamiento directo contra Jehú.
A través de su abogado, Jehu solicitó que compareciera el único testigo que según lo vio con un arma de fuego.
Durante la audiencia, el juez solicitó al fiscal que presentara al testigo protegido como lo hicieron llamar, sin embargo dicha persona no llegó al pretextar que no se encontraba en la entidad, que ya se había ido al estado de Chihuahua.
Según la fuente, fue el pasado 19 de agosto, un día antes de librarse la orden de aprehensión, cuando aparece, dentro de la carpeta de investigación, la declaración del supuesto testigo.
Recortan video
En un tercer dato de prueba, la defensa demostró que la Fiscalía editó, a su modo, cinco minutos de un video tomado de una de las cámaras de videovigilancia del negocio “El Panda”, establecido cerca de la escena del crimen.
Declara policía
Otro testimonio que fue relevante para la resolución, fue la testimonial de un elemento de la Policía Municipal de Juchitán, quien declaró que Jehu llegó a la oficina para avisar sobre las detonaciones de arma de fuego.
Contra el juez
Por su parte, la Fiscalía emitió un comunicado, en el cual da a conocer que no comparte la decisión del juez de control de no vincular a proceso a J. G. L., por el homicidio de una candidata, una fotoperiodista y un escolta en Juchitán de Zaragoza, sin embargo, respetuosa de las decisiones judiciales y las vías legales hará valer los recursos procedentes y abundará en las investigaciones para lograr una correcta procuración de justicia y protección a las víctimas.
Destacó que las diligencias y actuaciones realizadas en la investigación del caso, consistentes en entrevistas, extracción de videos, extracción de datos, sábanas de llamadas y diversos dictámenes periciales como los de mecánica de hechos, química, química de rastreo hemático, planimétrico, balística, entre otros, permitieron poner ante el juez información diversa que definía como cierta la probable participación de J. G. L. en el hecho que la Ley señala como homicidio calificado con ventaja en agravio de M. S. C. J., P. I. T. P y A. J. G.
“No obstante, el juez determinó no vincular a proceso aún cuando el agente del ministerio público aportó datos suficientes para establecer en grado de probabilidad que el imputado sí participó en el hecho”, citó.
Perversa la decisión
Al respecto, la periodista Soledad Jarquín Édgar, madre de María del Sol, manifestó en un comunicado que es lamentable y perversa la decisión del juez de control de Juchitán, Omar Morales Simón, quien rechazó vincular a proceso a Jehú G.L., pese a que existen pruebas en su contra como uno de los autores materiales del triple asesinato ocurrido en junio pasado, esto a solo unos días de que fuera decretada por la Secretaría de Gobernación la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres.
“Una muestra más de lo irrelevante que resulta para el Estado la vida y la seguridad de las mujeres, detrás de la decisión del juez Omar Morales está la presión política de personas vinculadas al PRI”, acusó.
Para la periodista la decisión que tomó el juez Morales Simón, es una muestra de la corrupción del poder Judicial.
“Detrás de la decisión del juez está Francisco Montero López y Hageo Montero López, el primero ex secretario de Asuntos Indígenas (SAI) del gobierno que encabeza Alejandro Murat Hinojosa, y el segundo actual regidor en el gobierno de Juchitán y ex candidato a la presidencia municipal de este municipio istmeño, quienes propiciaron el bloqueo de carreteras en la región del Istmo tras la detención de Jehu G.L. y una protesta durante las 20 horas que duró la audiencia”, dijo.
¿Quién está detrás de los Montero? Preguntó Soledad Jarquín Edgar, y recordó que esa familia es operadora política de José Murat Casab, el ex gobernador de Oaxaca de origen istmeño y padre del actual mandatario de Oaxaca. De eso hay pruebas suficientes y gente que daría su propia versión.
Recordó que su hija María del Sol Cruz Jarquín, jefa del Departamento de Comunicación Indígena Intercultural en la SAI, dependencia del gobierno estatal, fue obligada por el entonces titular de esa dependencia estatal, Francisco Montero López, a trasladarse a Juchitán de Zaragoza para apoyar la campaña de Hageo Montero López desde finales de abril pasado y no en los últimos días de mayo como declaró el ex titular de la dependencia estatal.
“Es un crimen político y no una vendeta entre narcotraficantes como quisieron aparentar desde un principio con el asesinato de Pamela Terán Pineda, quien lamentablemente estaba acompañada de mi hija al momento de su ejecución, y en la que existen pruebas suficientes sobre la presencia de Jehú G.L. y de otras dos personas como autores materiales”, señaló.
Para la periodista, hay testimonios de personas que aseguran que Jehú G.L. fue quien se llevó las cámaras fotográficas y de video propiedad de María del Sol Cruz Jarquín.
Lamentó además que el Fiscal Rubén Vasconcelos Beltrán y a la Fiscal Especializada en Delitos Electorales, Araceli Pinelo López, no haya judicializado la investigación sobre el delito electoral cometido por los hermanos Francisco y Hageo Montero López, sin ninguna razón aparente y cuando ya tienen pruebas suficientes.
Reiteró su llamado al gobierno del Estado, para que haga justicia por las víctimas y “porque con la acción del juez Omar Morales Simón, la Alerta de Violencia de Género en Oaxaca, no tiene buen comienzo en Oaxaca y sí habla de la una realidad de omisión, complicidad y perversidad, donde lo que menos importa son las mujeres”.
Por último, Soledad Jarquín Edgar reiteró que no quitará el dedo del renglón y que seguirá exigiendo justicia por el homicidio de su hija y responsabilizó de todo lo que pudiera pasarle a ella o al resto de su familia al gobierno de Oaxaca, a los Montero López y a José Murat.
