En un giro judicial significativo, el pasado 15 de diciembre del 2022, la expresidenta municipal de Asunción Nochixtlán, Lizbeth Victoria Huerta, junto con otros tres individuos, fue declarada culpable por el delito de desaparición forzada de la activista Claudia Uruchurtu Cruz. Sin embargo, un reciente fallo judicial ha ordenado la reposición del procedimiento, lo que podría llevar a la expresidenta a enfrentar hasta 40 años de prisión.
Bajo el amparo 638/2023, el juez de distrito Emanuel Hernández Alba, titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, otorgó amparo y protección de la justicia de la unión a los familiares de la víctima, Claudia Uruchurtu Cruz. Este movimiento judicial surge después de que la 5ª Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca (TSJO) determinara revocar la sentencia previa que había impuesto a Huerta una pena de cuatro años por obstrucción a la investigación.
El fallo judicial destaca principalmente dos argumentos para la reposición del procedimiento. Primero, se señala que la jueza María Teresa Quevedo Sánchez no reconoció el carácter de víctimas indirectas a Sara Georgina, Aidé y Enrique Uruchurtu Cruz. Segundo, se argumenta que hubo un exceso de plazo para el dictado del fallo, ya que la jueza tardó ocho días en emitir su veredicto, cuando el Código Nacional de Procedimientos Penales estipula un plazo máximo de 24 horas.
Con esta decisión, se ha ordenado reponer el procedimiento judicial para Lizbeth Victoria Huerta y los otros imputados: Juan Antonio “N”, Nelci Yanet Vásquez Jiménez y Rolando Aquino Barrita. Esto implica que se llevará a cabo un nuevo juicio y se repondrá la audiencia de debate en próximas fechas.
