Han pasado casi ocho años desde que Álvaro Bernardo Reyes Cruz y Federico Cruz Morales, autoridades comunales de San Miguel Cajonos, desaparecieron tras ser presuntamente retenidos por pobladores y funcionarios de San Pedro Cajonos, Villa Alta.
Hoy, su comunidad vuelve a alzar la voz.
Con un nuevo detenido —Adiel B. P., presunto implicado en el caso— y una audiencia programada el 23 de octubre de 2025, las autoridades de San Miguel Cajonos exigen que esta vez no haya impunidad.
“¡Nuestro pueblo no va a permitir la impunidad! Estaremos vigilantes de la audiencia y, si es necesario, nos movilizaremos”, advierten en el documento oficial dirigido al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ministro Hugo Aguilar Ortiz.
OCHO AÑOS SIN JUSTICIA
La desaparición ocurrió el 27 de diciembre de 2017, en el paraje Las Calaveras, cuando los comuneros ejercían cargos en los bienes comunales de su localidad.
Según el expediente 35/VGAVS-UEDF/2017, los responsables habrían sido las autoridades municipales de San Pedro Cajonos y varios ciudadanos identificados con nombre y apellido.
Aunque en 2018 se libraron órdenes de aprehensión contra seis personas, entre ellas Martín C. G. (entonces presidente municipal) y Javier Z. V. (síndico municipal), dos de esas órdenes fueron canceladas sin justificación por un agente del Ministerio Público en enero de 2019.
“En una práctica inusual y contraria a derecho, el Ministerio Público solicitó cancelar las órdenes de aprehensión… Hoy tememos que ocurra lo mismo”, denunciaron las autoridades locales.
UN NUEVO PROCESO, LAS MISMAS DUDAS
El 18 de octubre de 2025, la Fiscalía logró ejecutar la orden de aprehensión contra Adiel Blas Pascual, uno de los implicados.
La audiencia de vinculación debía realizarse el 23 de octubre, pero hasta el cierre de esta edición no se ha informado el resultado, lo que mantiene en incertidumbre a las familias de las víctimas.
“Confiamos en la justicia de nuestra Carta Magna, pero pedimos que no haya intromisión de factores externos ni intereses políticos”, señalaron en el escrito dirigido a la SCJN.
Las autoridades de San Miguel Cajonos acusan que las instituciones ministeriales y judiciales podrían favorecer nuevamente a los imputados, como —afirman— ocurrió en administraciones anteriores.
UN DELITO DE LESA HUMANIDAD
Los comuneros desaparecidos —quienes en su momento defendían los recursos naturales y la autonomía de su comunidad— son considerados víctimas de desaparición forzada, un delito de lesa humanidad.
De acuerdo con cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), en Oaxaca existen más de 1,300 casos vigentes, de los cuales el 70% permanecen sin resolución judicial.
San Miguel Cajonos exige que este proceso marque un precedente histórico en la región serrana de Villa Alta.
“Hoy se tiene la oportunidad de demostrar que la justicia mexicana puede actuar con imparcialidad y dignidad”, dice el documento firmado por el agente municipal Bonfilio Morales Ortega y seis representantes más.
ENTRE LA ESPERANZA Y EL TEMOR
Los familiares de Álvaro y Federico no han dejado de buscarlos. Han acudido a instancias estatales y federales, sin obtener resultados tangibles.
Su mayor miedo es que el caso vuelva a sepultarse en el archivo judicial.
Mientras tanto, la comunidad advierte que, si el detenido es liberado sin fundamento, habrá movilizaciones en Oaxaca y en la Ciudad de México.
“¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!”, reiteran los firmantes en mayúsculas al final de su carta.
