Una mujer identificada como Alejandra “N” fue vinculada a proceso por presuntamente presentar certificados médicos falsos con el propósito de obtener el diferimiento de una audiencia dentro de un juicio de amparo en Oaxaca.
La autoridad judicial determinó iniciar el proceso penal luego de que peritajes especializados confirmaran que los documentos entregados como justificación carecían de autenticidad y contenían irregularidades en la firma del médico que supuestamente los había expedido.
PERITAJES DESMINTIERON LOS CERTIFICADOS
Durante la investigación se estableció que la firma atribuida a un médico adscrito al Centro de Salud con Servicios Ampliados de San Jacinto Amilpas no correspondía a la original.
Además, las indagatorias revelaron que la mujer no figuraba como paciente de ese centro médico, un elemento que reforzó la hipótesis sobre la presunta falsificación de los documentos utilizados dentro del procedimiento judicial.
Con estos datos de prueba, la autoridad determinó que existían elementos suficientes para vincularla a proceso por un delito previsto en la Ley de Amparo.
ENFRENTARÁ EL PROCESO BAJO MEDIDAS CAUTELARES
Aunque no permanecerá en prisión, la imputada deberá cumplir diversas medidas cautelares durante los próximos seis meses.
Entre ellas se encuentran la obligación de residir en su domicilio, realizar servicio a la comunidad y permanecer bajo supervisión de la Unidad de Medidas Cautelares de la Guardia Nacional, mientras avanza el proceso judicial.
EL USO DE DOCUMENTOS FALSOS PUEDE TENER CONSECUENCIAS PENALES
La utilización de documentos apócrifos en procedimientos judiciales constituye una conducta que puede afectar el adecuado funcionamiento del sistema de justicia, al intentar alterar los tiempos o el desarrollo de los procesos legales mediante información falsa.
Especialistas en derecho señalan que este tipo de prácticas no solo puede derivar en responsabilidades penales para quien las comete, sino también comprometer la credibilidad de pruebas documentales presentadas ante los tribunales.
La vinculación a proceso representa una etapa inicial del procedimiento penal y no implica una sentencia condenatoria. Conforme al principio de presunción de inocencia, será la autoridad judicial la que determine la responsabilidad de la imputada con base en las pruebas que se desahoguen durante el juicio.
