Cinco meses han transcurrido desde la desaparición de la abogada y activista mixe Sandra Domínguez Martínez. Quien fue vista por última vez el 4 de octubre de 2024 junto a su esposo, Alexander Hernández Hernández, en Oaxaca. Hoy, familiares, amigos y organizaciones civiles han formado el colectivo “Komi Tépejy Tulyotk” con el objetivo de fortalecer la lucha por justicia y exigir su presentación con vida. A través de una marcha realizada este martes 4 de marzo, los participantes exigieron avances en las investigaciones y más acciones de búsqueda por parte de las autoridades.
DOLOR DESMEDIDO
Kisha Domínguez, hermana de Sandra, expresó el dolor que atraviesa la familia desde su desaparición, y denunció la falta de avances significativos en las investigaciones:
“Llevamos cinco meses de un sufrimiento que aún no tiene fin, pese a varios operativos, el Estado aún no ha dado con su paradero. Es por eso que conformamos el comité para la búsqueda y coordinación con otras víctimas en el país”, señaló visiblemente afectada.
La activista, defensora de los derechos humanos y abogada mixe, es descrita por su familia y cercanos como una mujer que enfrentó amenazas y persecución previas a su desaparición. Kisha Domínguez, en un mensaje cargado de indignación, acusó que el Estado fue responsable de lo sucedido:
“Nos presentamos con la cara en alto, con el corazón quebrado, pero lleno de fuerza. Lamentablemente, el Estado no garantizó la seguridad de Sandra, el Estado nos arrebató a Sandra, no desapareció, la acosaron, la persiguieron hasta desaparecerla… No nos quedaremos en silencio”, expresó con firmeza.
DIPUTADA SIGUE DENUNCIANDO
Por su parte, la diputada federal Aracely Cruz Jiménez, quien también ha sido víctima de violencia, denunció públicamente que la desaparición de Sandra no fue un accidente ni un hecho aislado, sino que fue el resultado de una persecución y acoso por parte de grupos políticos. En conferencia de prensa, Cruz Jiménez reveló que presentará una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra funcionarios federales y estatales. Cuyos números de teléfono se encontraban en los grupos de WhatsApp donde se difundían imágenes sexuales de mujeres indígenas.
“La abogada y activista oaxaqueña Sandra Estéfana Domínguez Martínez no desapareció ni se perdió, a ella la vigilaron, la acosaron y la persiguieron hasta desaparecerla”, afirmó Cruz Jiménez.
Además, agregó que la investigación a nivel estatal se maneja “en hermetismo absoluto”. Lo que ha dificultado el acceso a información clave para la familia.
MARCHA POR LA JUSTICIA
En medio de estas tensiones, la familia de Sandra Domínguez realizó una marcha desde la Fuente de las Ocho Regiones hasta el Palacio de Gobierno en Oaxaca. En un intento por visibilizar su lucha y exigir respuestas. A pesar de la falta de avances oficiales, la familia mantiene su determinación de buscar justicia:
“Hasta que ellos no salgan, seguiremos manteniendo esta lucha, porque conocemos el trasfondo político y el encubrimiento del fiscal a esas personas por órdenes del gobernador Salomón Jara”, advirtió la legisladora.
CASO GANA VISIBILIDAD
El caso de Sandra Domínguez ha ganado visibilidad no solo por su labor como activista y defensora de los derechos humanos, sino también por las graves acusaciones de violencia y acoso político. Cruz Jiménez también comentó sobre las amenazas que Sandra sufrió de grupos de WhatsApp vinculados a políticos:
“Sandra siempre tuvo la razón, siempre ha defendido a mujeres indígenas y si estuviera, lo estaría haciendo de nuevo. Pero no está y nos dejó una gran lección, que como mujeres no debemos claudicar y debemos defender a las mujeres que están en esas capturas de pantalla”, expresó la diputada.
A pesar del dolor y la incertidumbre que ha marcado estos cinco meses, el colectivo “Komi Tépejy Tulyotk” y la familia de Sandra no han dejado de luchar por su presentación con vida. Exigiendo que las autoridades asuman su responsabilidad y den con los responsables de su desaparición.
Finalmente, el caso de Sandra Domínguez sigue siendo un claro ejemplo de la impunidad que enfrentan muchos defensores de derechos humanos en México. Y su desaparición sigue siendo una herida abierta tanto para su familia como para la sociedad oaxaqueña.
