Luego de casi seis años de evadir sus responsabilidades legales, un hombre identificado como V.C.J. fue detenido por incumplir con el pago de la pensión alimentaria de sus dos hijos, tras una orden de aprehensión girada por las autoridades judiciales.
La detención se llevó a cabo en el Barrio La Cruz por elementos del grupo de alto impacto de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), en coordinación con la Vicefiscalía Regional de la Costa. El hombre era requerido por el delito contra las obligaciones alimentarias, derivado de una demanda interpuesta desde el 27 de mayo de 2019.
Según los datos oficiales, durante todo este tiempo el acusado no cumplió con sus obligaciones económicas como padre, dejando en estado de vulnerabilidad a sus hijos, cuyas identidades fueron reservadas conforme a la ley.
Justicia familiar: lenta, pero presente
El caso de V.C.J. subraya un problema frecuente en el sistema judicial mexicano: la morosidad en los procesos por pensión alimentaria, que suelen quedar relegados ante otros delitos de mayor impacto mediático, pero que afectan directamente el bienestar de niñas, niños y adolescentes.
“Los trabajos de procuración de justicia a favor de las niñas, niños y adolescentes es una prioridad”, señaló la Fiscalía, al reiterar su compromiso con este sector de la población.
Aprehensión y proceso legal
Una vez capturado, el imputado fue puesto a disposición de la autoridad judicial que giró la orden de aprehensión, donde se determinará su situación jurídica. De comprobarse su responsabilidad, podría enfrentar penas de hasta cinco años de prisión, además de una obligación de pago retroactivo por el adeudo acumulado.
En México, el delito por incumplimiento de pensión alimentaria es penalizado cuando se demuestra dolo y abandono reiterado, una medida que busca frenar la impunidad en casos de omisión parental y proteger el derecho fundamental de las infancias a una vida digna.
