Durante la noche del 5 de agosto de 2025, un grupo de personas ingresó al establecimiento “Super Mass”, ubicado en San Martín Mexicápam, agencia municipal de Oaxaca de Juárez, para ejecutar un desalojo presuntamente irregular.
De acuerdo con testimonios recogidos en la denuncia, la irrupción se realizó sin mostrar orden judicial. Lo que ha generado preocupación entre habitantes de la zona y organizaciones civiles que han comenzado a exigir transparencia en el proceso.
HABITANTES DE ALBERGUE ESTUDIANTIL ACUSAN ALLANAMIENTO
Paralelamente, residentes del albergue Cultural y Estudiantil “Villas de Monte Albán”, ubicado en la misma colonia, denunciaron que también fueron víctimas de allanamiento. Luego de acudir al lugar para brindar apoyo solidario al establecimiento desalojado.
Los denunciantes aseguran que su intervención fue pacífica, pero que aun así fueron intimidados y su espacio invadido. Esto agrava la situación al involucrar a jóvenes estudiantes en un hecho de fuerza que vulnera sus derechos a la integridad, la vivienda y la seguridad.
LA URGENCIA DE INVESTIGAR TODO EL CONTEXTO
Las denuncias públicas y formales interpuestas por ambas partes han dado pie a una investigación sobre los hechos. La principal exigencia de los afectados es que se analice el contexto completo. Incluyendo la legalidad del desalojo, el uso de la fuerza y la posible participación de actores privados o autoridades locales.
Este caso revela nuevamente las fallas estructurales en la ejecución de desalojos y conflictos por propiedad en Oaxaca, que con frecuencia terminan afectando a personas sin respaldo legal o económico suficiente para defenderse.
PREOCUPACIÓN POR LA REPRESIÓN VÍA DESALOJOS
Diversas organizaciones sociales han manifestado su preocupación ante lo que califican como una tendencia preocupante: el uso de la intimidación y los desalojos sin garantías legales, en perjuicio de comunidades vulnerables, estudiantes y pequeños empresarios.
Este nuevo caso en San Martín Mexicápam reactiva el debate sobre el respeto a la legalidad en la resolución de conflictos de propiedad y posesión. Así como la responsabilidad del Estado en garantizar procesos justos y transparentes, sin violencia ni abuso de poder.
EXIGEN VERDAD Y SANCIÓN A LOS RESPONSABLES
Habitantes y colectivos ciudadanos exigen que los hechos sean investigados a fondo y con imparcialidad, y que se sancione a quienes resulten responsables, ya sea por ejecutar desalojos ilegales, participar en actos de allanamiento, o por omisión de las autoridades locales.
También se ha hecho un llamado a las instituciones para que brinden protección inmediata a los habitantes del albergue estudiantil, muchos de los cuales son jóvenes foráneos en situación económica precaria, que requieren garantías mínimas para continuar sus estudios.
