La paz en la Sierra Sur de Oaxaca pende de un hilo. Autoridades agrarias y municipales de San Pedro El Alto denunciaron una serie de agresiones e incursiones armadas por parte de la comunidad vecina de Santa María Lachixío, acusándola de violar el acuerdo de paz firmado en 2007 para resolver un añejo conflicto agrario. La situación ha generado un clima de tensión creciente, y los pobladores anuncian movilizaciones y acciones radicales ante lo que consideran una omisión grave del gobierno estatal.
La denuncia se hizo pública durante una conferencia de prensa, en la que representantes de San Pedro El Alto relataron los recientes hechos de violencia. El caso más reciente ocurrió el pasado 19 de abril, cuando autoridades municipales y comuneros de San Pedro fueron retenidos por más de 12 horas por habitantes de Lachixío. Durante ese tiempo, fueron golpeados, amenazados y obligados a firmar una minuta en la que, bajo coacción, se autoinculpaban de conflictos agrarios.
“Esto no es nuevo. En 2014, un grupo de nuestros comuneros fue secuestrado y golpeado. En 2015, ocho compañeros fueron emboscados en el paraje El Pajarito y ese mismo día quemaron casas y destruyeron viviendas con maquinaria pesada. Todo esto ha quedado impune”, recordaron los representantes.
El conflicto tiene raíces profundas. Según Honorio Zárate, en 2002 se agudizó una disputa territorial entre ambas comunidades. En 2007, tras años de enfrentamientos, se logró firmar un acuerdo de paz mediado por el gobierno federal. Como resultado, San Pedro El Alto recibió el 70% de las tierras en disputa y un pago de siete millones de pesos; mientras que Santa María Lachixío se quedó con el 30% restante y obtuvo 17 millones de pesos.
Sin embargo, hoy Lachixío —alegando que ese dinero no fue transparentado por sus ex autoridades— busca desconocer el acuerdo firmado hace casi dos décadas. “Tenemos constancias de que ese dinero sí llegó a Lachixío. Ahora, bajo otro argumento, ellos dicen que la tierra es suya y actúan como si el conflicto nunca se hubiera resuelto”, denunció Zárate.
La molestia en San Pedro El Alto también se dirige al gobierno estatal, al que acusan de pasividad frente a un conflicto que podría escalar peligrosamente. “El gobierno prometió seguridad, pero no ha cumplido. No queremos que haya derramamiento de sangre por la omisión del gobierno del estado”, sentenció uno de los representantes. Añadieron que solicitaron la instalación urgente de un destacamento policial en la zona, pero no han recibido respuesta.
