En un contexto donde la seguridad pública es una demanda constante, la ciudadanía de San Antonio Monterrey se encuentra en un predicamento. En lugar de sentirse protegidos por las fuerzas de seguridad, ahora ven a la Policía Municipal y a los Marinos como una amenaza, incluso más grande que la misma delincuencia organizada.
Recientes denuncias han evidenciado una serie de actos delictivos y abusivos por parte de estos uniformados. Se han registrado acusaciones que van desde detenciones arbitrarias, robos, hasta actos de prepotencia y violencia sin justificación. Una situación preocupante es la exigencia de cuotas por parte de sus superiores, lo que podría estar incentivando estas conductas deshonestas.
Un incidente que llamó la atención de la comunidad fue la detención con exceso de violencia de un joven que circulaba en su motocicleta. Los policías y marinos, sin un motivo justificado, detuvieron al joven y, con prepotencia, declararon que confiscarían el vehículo. La situación escaló rápidamente cuando vecinos del área intentaron documentar el incidente con sus teléfonos móviles, lo que provocó que los uniformados intentaran arrebatarles sus dispositivos y los amedrentaran.
Las quejas no se limitan solo a este caso. Los residentes denuncian que estas autoridades usurpan funciones que no les corresponden, como solicitar documentación vehicular, función que debería ser ejercida exclusivamente por la vialidad estatal.
Este patrón de comportamiento por parte de los elementos de seguridad ha causado indignación y desconfianza entre los habitantes, especialmente porque muchos de los afectados pertenecen a sectores vulnerables de la población.
La ciudadanía demanda una revisión exhaustiva de la conducta de estos servidores públicos y exige que las autoridades superiores tomen medidas para frenar este tipo de actos delictivos, garantizando así la seguridad y el bienestar de la población.
