En un caso que remueve las fibras más sensibles de la sociedad, tres mujeres fueron condenadas a un total de 300 años de prisión por el secuestro agravado de dos niños. Los hechos ocurrideron en el municipio de Jalapa de Díaz, Oaxaca, en 2018. El Tribunal de Enjuiciamiento emitió sentencia de 100 años para cada una de las implicadas: Leticia G.M., Nelly Antonia G.D. y Piedad C.M.
El secuestro: irrupción armada y exigencia de rescate
Los hechos se remontan al 31 de agosto de 2018. Cuando un grupo de personas armadas y encapuchadas irrumpió en el domicilio de las víctimas, robando pertenencias y secuestrando a dos menores de edad. Los niños fueron trasladados a una “casa de seguridad” en otra comunidad, desde donde sus captores exigieron un rescate a la familia para su liberación.
Rescate tras operación policial
Tras 13 días de cautiverio, el 13 de septiembre de 2018, las víctimas fueron localizadas y rescatadas en un operativo implementado en las inmediaciones de Teocuatlán, municipio de San José Tenango.
En el lugar también fueron detenidas las tres mujeres responsables, quienes permanecían junto a los menores.
Condena ejemplar: 100 años para cada responsable
Tras años de investigación, se logró una sentencia contundente: 100 años de prisión para cada una de las imputadas por el delito de secuestro agravado.
Además de la pena privativa de libertad, se ordenó el pago de una multa y la reparación del daño, aunque esta última en términos abstractos, sin detalles públicos sobre el monto.
Justicia tardía, pero firme
Si bien el rescate se logró días después del secuestro, el proceso judicial tardó casi siete años en concluir con una sentencia definitiva. Este hecho refleja tanto la complejidad del sistema judicial como los desafíos de impartir justicia en casos de delitos de alto impacto.
La severidad de la sentencia apunta a enviar un mensaje claro sobre la gravedad del secuestro, especialmente cuando involucra a menores de edad.
Más allá de la condena
El caso pone sobre la mesa una serie de cuestionamientos importantes: ¿Qué condiciones sociales llevan a que mujeres participen en delitos tan violentos? ¿Qué mecanismos de prevención están fallando en las comunidades más vulnerables de Oaxaca?
Finalmente, si bien el sistema penal actuó con firmeza en este caso, queda la necesidad de un enfoque más amplio en políticas públicas que reduzcan la incidencia de este tipo de crímenes.
