Luego de que la ex trabajadora del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adriana Hernández Vásquez hiciera pública su denuncia en contra del Francisco Regino Montes, hermano del titular del propio INPI, y supuesto operador político, por acuso sexual y violencia de género, dicha institución emitió un comunicado dando a conocer que se procedió legalmente ante la instancia correspondiente, ya no que no tolerara “la violencia de género y, en particular, las conductas de acoso sexual contra todas las mujeres, en especial las mujeres indígenas”.
EL COMUNICADO
El comunicado se emitió y difundió el día de ayer martes 12 de septiembre de 2023 en donde se expresaban ciertos puntos. En primera instancia, la institución dijo condenar enérgicamente la violencia, en todas sus formas, contra las mujeres. Además de que, quien las comete debe asumir responsabilidad y consecuencias ante la ley.
“Consecuentes con lo anterior, tan pronto como se conoció la denuncia pública contra servidores públicos de la institución, el día 07 de septiembre de 2023, se hizo la denuncia correspondiente ante el Órgano Interno de Control de la Secretaría de la Función Pública en el INPI, a fin de que se lleve a cabo la investigación en todos sus términos y, con ello, se deslinden las responsabilidades y se impongan las sanciones que correspondan”, sentenció tajantemente la institución.
INVESTIGACIÓN INTERNA
Además, en el documento se señala que también de manera interna en el INPI se convocó al Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Intereses del Instituto para que inicie con las investigaciones pertinentes y se tomen las decisiones correspondientes.
Ya que, “el Comité es un órgano democráticamente integrado que tiene a su cargo el fomento de la ética e integridad en el servicio público y la prevención de conflicto de intereses, a fin de prevenir la comisión de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como de aquellos actos que violenten derechos humanos o impliquen violencia de género”, se aseveró.
Por otra parte, se dio a conocer que el INPI instó a funcionarias públicas, principalmente Coordinadoras Generales y Directoras de Área, para facilitar el desahogo de información y permita las investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO).
NO SE ENCUBRIRÁN AGRESORES
Finalmente, en el documento se enfatiza que el INPI no encubriría a ninguna persona involucrada en los hechos y en todo momento colaborará con al FGEO para las indagatorias correspondiente y se deslinden responsabilidades.
“…ejerciendo las acciones penales que procedan, poniendo a su disposición toda la información de que dispone, sin reserva alguna, a fin de lograr el respeto cabal a los derechos de las mujeres y en especial de las mujeres indígenas”, finaliza tajantemente el escrito.
