José Luis Hay, padre de Abigail Hay Urrutia, afirma que a su hija la mataron y que en este crimen está coludido su expareja con la Policía Municipal de Salina Cruz.
Denunciamos que a cinco meses de la ilegal detención y muerte de Flor Abigail Hay Urritia, el funcionariado implicado sigue libre y en funciones”, dijo ayer en conferencia de prensa en la capital oaxaqueña.
Exige al Poder Judicial del Estado aplique de manera irrenunciable la perspectiva de género para juzgar el caso, bajo el principio de Cero Tolerancia, y así acabar con la impunidad.
Es evidente la falta de perspectiva de género con que actuaron las autoridades de Salina Cruz Oaxaca, al haber detenido injustificadamente a la joven mujer Abigail Hay Urritia, el 19 de agosto del 2022 a petición de su agresor permanente.
La clara omisión en la actuación que han adoptado en el ejercicio de sus funciones las autoridades intervinientes en el caso, ocurrido en Salina Cruz, Oaxaca, estando Abigail Hay Urrutia a su disposición en calidad de arrestada, y bajo su resguardo en la cárcel municipal, toda vez que ella fue encontrada sin vida bajo circunstancias aún no esclarecidas”, señaló.
Lamenta que no se tomó con seriedad ni se actuó con la debida diligencia, para garantizar la vida de Abigail.
El 11 de enero del 2021, Abigail Hay Urrutia había denunciado penalmente ante el ministerio público los hechos de violencia de que había sido víctima por parte de su pareja K.N.E.H., sin embargo, no hubo acción que salvaguardara su seguridad, “la lógica misógina y patriarcal de la Policía Municipal quedó evidenciada cuando de manera inmediata procedieron a su detención cuando su agresor solicitó intervención de la Policía el 19 de agosto del 2022; es pública la manera en que operó la Policía Municipal, el abuso policiaco y de poder para someterla, dejando en libertad al agresor”.
Hasta el momento no ha habido justicia total para su hija, afirma y por ello continúa exigiendo a las autoridades que procedan de inmediato en contra de las y los implicados en las acciones y omisiones que acabaron con la vida de Abigail.
No es posible que la vida de una mujer carezca de importancia, pues pese a las responsabilidades, a la fecha, las autoridades implicadas en el caso se encuentran en libertad y ejerciendo sus funciones como servidores públicos, no obstante que algunas cuentan con auto de vinculación a proceso, eso se llama impunidad.
Debido a la trascendencia del caso por la gran labor que han llevado a cabo tanto su padre, hermanas y demás familiares, es evidente que todos ellos se encuentran en una situación vulnerable y de alto riesgo por encontrarse exigiendo el esclarecimiento de los hechos y clamando justicia debido a que han sido víctimas de hostigamiento y difamación.
Destaca que cuando la Policía dejó libre al sospechoso, aprovechó para sustraer con engaños a su menor hijo que se encontraba al lado de su abuelo materno (lugar donde vivía con su mamá), y que a la fecha la familia desconoce el paradero del menor, quien se encuentra en riesgo al estar en poder de un agresor, mientras que las autoridades en lugar de investigar, solicitan a la familia que proporcione todos los datos, revictimizando con ello aún más a las víctimas indirectas y alejándolas del acceso a la justicia.
Es urgente que el Poder Judicial y la Fiscalía agilicen la búsqueda y recuperación del menor”, solicita.
Acusa que es evidente la existencia de una red de complicidad, de una latente violencia institucional que revictimiza y pone en riesgo la integridad tanto del menor hijo de Abigail Hay Urrutia, como de la familia de ella.
Dicha red de complicidades protege los intereses de los implicados, en este caso, involucrando a una cadena de servidores y servidoras públicas encargadas de procurar e impartir justicia, quienes no protegieron a la víctima, pues no obstante que oportunamente denunció la violencia feminicida de que era objeto, fue violado su derecho a una vida libre de violencia que finalmente le costó la vida, precisó.
Responsabilizan tanto al agresor de Flor Abigail Hay Urrutia, así como a los diversos servidores y servidoras públicas implicados en este caso y que han intervenido en las demandas de justicia de la familia como en las denuncias que la víctima presentó oportunamente, ante el grave daño causado y riesgo que corre la familia por estas circunstancias.
