Representantes legales del ciudadano Juan Gaspar, interpusieron una denuncia formal contra el síndico municipal del municipio de Santa Inés del Monte, con cabecera distrital de Zaachila, por presuntos actos de abuso de autoridad.
De acuerdo a la denuncia radicada en el Juzgado Noveno de Distrito del Poder Judicial de la Federación, el 19 de marzo del año en curso esta misma instancia otorgó un juicio de amparo con número 214/2021, a favor del ciudadano Juan Gaspar, respecto de la ejecución material de los actos reclamados, específicamente a la autoridad ordenadora Síndico Municipal de esta comunidad, Tiburcio García Lázaro.
Dicha suspensión le fue otorgada al quejoso para efectos de que dicha autoridad no lo detuviera y privara de su libertad, apercibiendo a dicha autoridad que de no acatar tal medida cometería desacato y se daría vista al Ministerio Público Federal, ya que se tipificaría la comisión de un delito.
Según la denuncia, el ciudadano se le otorgó un término de tres días para presentarse ante la autoridad que lo requería, por lo que una vez que obtuvo el amparo se presentó ante el síndico municipal de Santa Inés del Monte a las 10:00 horas del día 22 de marzo, esto con la finalidad de que se le diera a conocer los motivos por los cuales se le buscaba.
Sin embargo, de forma arbitraria y a pesar de que el ciudadano mostró la copia del amparo, dicha autoridad manifestó que “los amparos no sirven dentro de su comunidad y que a él no le importan”, por lo que procedió inmediatamente a privarlo de su libertad y fue trasladado a la cárcel municipal.
Por este motivo, los representantes legales del afectado presentaron una denuncia ante el Juez Noveno de Distrito por presuntos actos de abuso de autoridad y privación ilegal de la libertad en contra del ciudadano que hasta la tarde de este martes permanecía detenido en la cárcel municipal de Santa Inés del Monte.
“Lo han estado amenazando para que se declare culpable en la comisión de diversos ilícitos, incluso han intentado torturarlo y golpearlo”, señala la denuncia, por lo que los demandantes solicitaron que esta situación se de vista al ministerio público de la federación para que proceda conforme a derecho.
Por su parte, los familiares de la víctima solicitaron la intervención de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) y de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), para intervenir en este caso y evitar que la víctima pueda ser violentado en sus derechos fundamentales.
