Condenado mediáticamente por el secuestro de un empresario, Giovanni fue exhibido ante los medios de comunicación y la sociedad. Tras permanecer tres años y medio en la cárcel, le dictaron sentencia absolutoria.

Lo ocurrido conmocionó a la población y al tratarse de un caso muy escandaloso, incluso el abogado de Giovanni fue satanizado por tomar el caso.
Sobre esta situación, el doctor en Derecho, Miguel Ángel Varela Sánchez, urgió a cambiar la cultura de la población en relación con la tramitación de asuntos penales.

“Se debe partir de que toda persona acusada de un delito goza de garantías constitucionales, incluso si fuera el enemigo número uno de la nación”, señaló.

 

Plagio sin resolver

Ese viernes funesto nunca se le olvidaría a la esposa de la víctima. Lo vio salir por la mañana del local a bordo de su automóvil. A partir de ese día no volvieron a saber nada del empresario.

Ese mismo día, pero en la noche, recibieron una llamada telefónica en donde exigían cinco millones de pesos para dejarlo en libertad.
Al inicio, recibieron tres llamadas de una mujer, la cuarta, fue una voz varonil.

A partir de esa fecha, las llamadas empezaron a ser constantes. Los plagiarios exigían el pago del rescate.

Sin saber qué hacer, los familiares solicitaron la asesoría de la entonces Procuraduría, quienes investigaron los números telefónicos de los que provenían las llamadas.
Al investigar y de acuerdo al informe de la telefonía celular, uno era de Giovanni.

Durante la etapa de la investigación, en una grabación presentada como prueba, se escuchó la voz masculina reclamar a la familia del secuestrado. “?Por qué tienes a la policía ahí? Junta más dinero, échale ganas”

Días después se grabó en el teléfono una llamada más, al parecer por error. Se escuchaba la televisión y que alguien gritaba: “Cámbiale Iván”, “Iván cámbiale”, “Ve ese niño Iván”.

Al investigar, confirmaron que Giovanni tiene un hijo que se llama Iván, lo que sirvió como prueba en la investigación.

En consecuencia, el agente del Ministerio Público consignó la averiguación previa en contra de Giovanni y otros.

Librada la orden de aprehensión, se ejecutó al otro día.

Agentes investigadores presentaron a Giovanni ante varios representantes de los medios de comunicación como autor del secuestro del empresario, de quien nada se sabía.
El abogado que tomó el caso también fue estigmatizado por la sociedad, tachándolo de complicidad con el secuestrador.

Inició un proceso muy accidentado, en medio de recursos de apelación, tanto del abogado defensor como del Ministerio Público, revocaciones y confirmaciones de acuerdos, juicios de amparo negados y cumplimiento de órdenes.

El agente del Ministerio Público exigía más de 68 años de prisión; sin embargo, el juez consideró que no se demostró su participación en el secuestro y la sentencia fue absolutoria.

 

Estigma social

El presidente del Colegio Nacional de Licenciados en Derecho, Miguel Ángel Varela Sánchez subrayó que los acusados tienen derecho a ser consideradas inocentes, tener una defensa adecuada y al debido proceso, por tanto, pueden solicitar los servicios profesionales de un abogado.

“El Estado tiene a su servicio policías, ministerios públicos, peritos de distintas especialidades, laboratorios, patrullas, armas. El inculpado sólo tiene a su defensor”, anotó.

“Cuando a una persona la señalan como presunto responsable logran que la sociedad se sienta afectada y cuando el abogado defiende los intereses de su cliente, pretenden volverlo cómplice”, acusó, al señalar que sólo ejercen la profesión para la que estudiaron.

“Es necesario que las autoridades sean cuidadosas al señalar o permitir este tiempo de señalamientos”, abundó al explicar que el trabajo del abogado se palpa hasta que se dicta sentencia.

Premio Nacional al Mérito como uno de los 30 mejores abogados del país, en su carrera profesional ha defendido a varios personajes controversiales, funcionarios, políticos y figuras públicas.

Recuerda el caso del titular de una dependencia acusado por un político de izquierda por violar el proceso electoral, ya que pagó por una publicación en EL IMPARCIAL sobre una actividad propia de sus funciones, pero en la misma página, en la parte superior, estaba la nota de una campaña proselitista.

El político aseguraba que por estar la publicación en la misma página, necesariamente había pagado la otra. Tras un proceso engorroso, por llevarse en la capital del país, su cliente fue considerado inocente.

Refirió que aunque no ha sido amenazado por llevar algún asunto penal, sí ha tenido algún contratiempo cuando ha llevado un juicio intestamentario. “Siempre he dicho, el pleito es con mi cliente, el abogado sólo representa sus intereses jurídicos”.

Confió que para tomar un asunto, lo debe convencer. “Si el cliente es indigno o nos engaña, es mejor reflexionar y renunciar a la defensa”, apuntó.

Aconsejó a los nóveles abogados nunca tomar un caso porque sean escandalosos, del dominio público o con gran popularidad, sino porque realmente estén convencidos de la situación a defender. Una causa justa que pelear.