Para entender que la democracia de las minorías económicas mexicanas ha tenido que ceder ante la necesidades y exigencias sociales. Y que, en esencia, parte de la inconformidad que genera se esconde en la descalificación prejuiciosa de quienes no están dispuestos a aceptar que otras ciudadanías y maneras de vivir existen más allá de sus comodidades.
Como antes no había sucedido, hoy, con independencia de las siglas partidistas, dos proyectos de gobierno se han definido en busca del voto de los mexicanos para elegir a la primera presidenta de México.
Por un lado, quienes asumen que las políticas de gobierno y políticas públicas deben mantener la mirada en los sectores sociales más desfavorecidos por el neoliberalismo económico que tuvo como punto de partida los años ochenta del siglo pasado.
Por otro, quienes sin admitir las inconsistencias y fallas del “sistema de gobierno” que defienden, prometen que pueden dar lo que han incumplido sus adversarios.
Algo que llama la atención es la descalificación que se hace de las personas que simpatizan con la primera postura, a quienes se les pide que despierten y dejen de apoyar, como si se tratara de individuos con inteligencia limitada. Mala táctica.
Es cierto que las posibilidades reales para que cualquier ciudadano participe y gane son mininas o nulas, dado que el sistema electoral mexicano propicia que tenga mayores posibilidades de triunfo quien tiene mayor capital económico y eso define que el acceso al derecho humano a ser votado no sea igualitario, más allá de la declaración formal de la ley.
Es cierto que hay áreas del poder público que aún mantienen una integración y estructura mayoritariamente regida por los sistemas de gobierno anteriores y que no han sido materia de transformación, tal es el caso del Poder Judicial de la Federación donde resulta notorio su actual condición de refugio y trinchera de quienes buscan frenar toda acción de gobierno proveniente del Poder Ejecutivo.
Es cierto otras tantas cosas, como también que la tutela de derechos no sólo se define con la protección de las libertades, sino con la insistencia de garantizar con eficacia los derechos sociales de toda la población mexicana (salud, seguridad social, vivienda, agua, educación, condiciones laborales, etc.). Si no gusta la frase “primero los pobres”, en el estado de cosas en México, bien podría sustituirse por “primero los derechos sociales”.
No se trata de salvar la democracia, sino de votar este 2 de junio de 2024, para exigir una democracia justa que propicie la corrección y transformación del sistema político, económico y social mexicano, para beneficio de los sectores de población en desventaja.
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*Presidente del Foro Permanente de Abogados A.C.
