El pasado viernes 5 de febrero conmemoramos un aniversario más de las Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, la cual, a pesar de sus cuantiosas reformas –necesarias algunas y otras no tanto– continúa siendo el respaldo de nuestras libertades y derechos fundamentales, así como de los valores esenciales para la subsistencia del Estado mexicano, un Estado constitucional democrático de derecho cuya base son, idealmente, los derechos humanos.
Sin embargo, a 104 años de distancia, nuestra Constitución sufre un asedio constante tanto por parte de la sociedad como del gobierno federal. Mientras la primera –en su mayoría– la ignora por completo, el segundo actúa al margen y por encima de ella con tal de satisfacer los intereses del régimen y la corriente que representa.
Tristemente, el desdén por el derecho y la Constitución que he descrito en este espacio en reiteradas ocasiones, ha sobrepasado los límites de los poderes Ejecutivo y Legislativo para llegar a aquél al que pertenecen los dos órganos encargados de salvaguardar el orden constitucional: la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Es de este último del que quiero hablar.
El 15 de enero de 2021 el Instituto Nacional Electoral (INE), en pleno ejercicio de sus facultades y en defensa precisamente de la Constitución y los valores democráticos insertos en ella, emitió un acuerdo mediante el cual impuso medidas cautelares al presidente de la república para que se abstuviera de pronunciarse sobre ciertos aspectos electorales y garantizar con ello el piso parejo en las elecciones de este año.
Esta decisión del INE abrió un debate que he calificado como inaudito, por decir lo menos, pues se centró en si debemos, incluido el presidente, cumplir la Constitución, pasando por alto que su cumplimiento no está sujeto al escrutinio público.
Pero el pasado miércoles el asunto empeoró. Y es que con el actual régimen, el Régimen de la Regresión –que, reitero, ha invadido también al Poder Judicial– cuando piensas que las cosas no se pueden poner peor, realmente se ponen peor.
El Tribunal Electoral, en una sesión privada y sin hacer pública la discusión, revocó el acuerdo del INE con base en prácticamente puras falacias. Por ejemplo, los magistrados argumentaron que el acuerdo debió haber sido dictado por el Consejo General y no por la Comisión de Quejas del Instituto, por lo que la autoridad emisora era incompetente. Sin embargo, fue el Consejo General quien lo emitió.
Con esta decisión el Tribunal dio un cheque en blanco al presidente para poder incidir en el ánimo electoral, algo que él mismo, cuando era oposición, acertadamente pugnó por erradicar. Hoy que es gobierno, se le olvida.
Como era de esperarse los reclamos llegaron. Y la respuesta del Tribunal fue solamente mediática. En un comunicado de prensa intentaron convencer de lo que con la razón jurídica no pueden. Y esas son las mañas del Régimen de la Regresión, construir su propia narrativa con base en mentiras y venderlas como supuestas verdades para que después muchos, por ignorancia o desinterés, las tomen como tal.
Al igual que el actual Ejecutivo Federal ha mandado “al diablo las instituciones”, no solo en palabras sino en hechos, ahora el Tribunal Electoral, al igual que la Suprema Corte con su decisión de avalar la constitucionalidad de la consulta sobre expresidentes, ha mandado “al diablo la Constitución”, sometiéndose al yugo presidencial. Así, en últimos meses hemos visto cómo nuestros más altos tribunales constitucionales se han convertido en simples diligencieros de ya saben quién.
*Licenciado en Derecho por la IBERO Ciudad de México y Maestrando en Administración Pública por la Anáhuac Oaxaca.
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