Al tiempo que preparo el marco teórico conceptual de mi tesis doctoral en Derecho Electoral, el Dr. Ricardo Monreal ha puesto sobre la mesa la posibilidad de que el voto sea obligatorio en México.
Técnicamente, en México el voto es obligatorio por disposición constitucional. La fracción III del artículo 36 así lo dice.
El sufragio es una de esas peculiares instituciones que reviste la forma de prerrogativa y al mismo tiempo de obligación.
Lo que ahora se pretende, desde la norma secundaria es imponer sanciones a su incumplimiento. Hacer pues, de la obligación de votar, una norma jurídica perfecta.
A quien no vote, sin causa justificada, se propondrá imponerle una sanción que puede ir desde una multa, hasta la pérdida de derechos pasando por la imposibilidad de realizar algunos trámites gubernamentales.
Así sucede en ya varios países del mundo que “obligan” a sus ciudadanos a votar en las elecciones.
En nuestra región, Argentina, Brasil, Perú, Ecuador, Uruguay, Bolivia, Costa Rica, Honduras, Panamá, Paraguay y recientemente Chile, han adoptado la medida.
Y fuera de América, Bélgica, Luxemburgo, Grecia, Liechtenstein, Corea del Norte, Singapur y Tailandia también han optado por imponerlo.
Los resultados de imponer el voto obligatorio varían de país en país, de acuerdo a su nivel de cultura política o responsabilidad ciudadana.
Pero el resultado más visible es de mera aritmética. Los niveles de participación en las elecciones suben automáticamente y el abstencionismo se resuelve artificialmente.
A la calidad de nuestra democracia no le interesan solo más votantes, sino la calidad de sus juicios y decisión a la hora de marcar la boleta.
Si bien es cierto imponer el voto obligatorio por ley hace más difícil el pernicioso mecanismo de compra y coacción del voto, suponiendo que no haya bolsillo ni presupuesto (ni programas sociales) que alcancen para comprar o coaccionar el voto sobre la base de un 80 por ciento de participación, hace falta algo más para vivir estrictamente en democracia.
Y ese algo tiene que ver con las opciones que se le presenten al electorado y la capacidad reflexiva y crítica de los electores para emitir un voto responsable, informado.
Es lo que en la teoría de la democracia se le llama “el componente epistémico” y sobre el cual ya existe mucha literatura principalmente desde la corriente de la democracia deliberativa.
Esta corriente sostiene que democracia es deliberación e implica información, conocimiento y debate.
¿Por qué no ir en México más allá? ¿Por qué no obligar a los votantes a informarse y “decidir responsablemente”?
Hace tiempo que lo partidos políticos y los órganos electorales dejaron de cumplir con la obligación de generar cultura democrática.
Tal vez sea hora de trasladar esa obligación a los ciudadanos, “obligándoles a ser felices”.
Buena parte de ese 50 por ciento que no vota, se abstiene porque tiene la certeza de que votar no sirve de nada o de que lo público no forma parte de su vida.
Esta reforma electoral en México podría representar una buena oportunidad para pensar fuera de la caja y sienta las bases de lo que podría ser un nuevo horizonte democrático con una mejor ciudadanía (entendida como valor).
*Magistrado presidente de la Sala Constitucional y Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca.
