Ya es costumbre que en las comunidades que se rigen por usos y costumbres, hoy llamados, sistemas normativos indígenas, siempre habrá inconformidades con los resultados electorales. En principio porque, aunque no tengan que ver, los principales instigadores son los partidos políticos y sus personeros, además, porque a diferencia del pasado, cuando se obligaba a los electos a servir como autoridad municipal, sin estipendio alguno, ahora el erario municipal es un verdadero botín. Pocos ex ediles han pisado la cárcel no obstante los desvíos millonarios, los casos de enriquecimiento inexplicable y la falta de comprobación de las erogaciones. Hay ediles que cumplen su período sin obras, sin haber cumplido medianamente las expectativas entre sus paisanos. Y se van tan tranquilos que ofende a la propia comunidad.
Uno de los efectos de la inconformidad se refleja en acciones de chantaje, no sólo ante el árbitro electoral, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEPCO) y ante los órganos jurisdiccionales, como el Tribunal Estatal Electoral (TEEO), sino afectando a la ciudadanía, como es el caso de los bloqueos a carreteras y vialidades. Otra de sus acciones es el cierre de oficinas dejando a los empleados secuestrados en el interior o en el edificio del Congreso del Estado, a donde impiden la entrada y salida del personal. Algunas comunidades guardan en sus usos y costumbres los peores vicios y corrupción, como es el caso de Santa María Teopoxco. Se dice que existen 27 barrios y cada uno de los jefes quiere figurar en el ayuntamiento, lo que implica pagarles un salario. Cuando son citados a asamblea y tratar asuntos propios de la comunidad, hay que pagarles el día. Si se trata de acudir a alguna oficina pública fuera de la población, el costo por pagos y viáticos se incrementa.
Es decir, existe ya malicia en el desempeño de sus cargos, aunque éstos fueran sólo honorarios o servicio comunitario. El ejemplo más acabado de esto es la presión que se ejerce, incluso recurriendo a acciones violentas, como los poblados de la Sierra Sur, en especial Santo Domingo Teojomulco, que arremeten contra empleados y funcionarios como si fueran sus enemigos. Los casos de violencia jamás han sido castigados. Y es justamente la impunidad lo que anima a vecinos de una o más comunidades a fastidiar a los citadinos. Y estos días de inicio de año, son fatales.
Siguen feminicidios
Oaxaca, ya lo hemos dicho, ocupa uno de los primeros lugares a nivel nacional en asesinatos de mujeres. Sólo en lo que va del año, se han contabilizado no menos de doce. El pasado domingo 19 de enero, en Putla Villa de Guerrero, madre e hija fueron abatidas a balazos. Del porcentaje de homicidios dolosos que se cometen en la entidad, los de mujeres muestran una estadística ascendente. Pese a los programas que se han puesto en marcha, como el de ruta segura en la capital oaxaqueña, los ilícitos en contra de las féminas han seguido. Robos y asaltos se han dado por igual en cuestiones de género. Hay que recordar que hace unos días, cuando la Fiscalía General del Estado llevó a cabo un operativo en coordinación con la Guardia Nacional, en jurisdicción de San Pedro Ixcatlán, específicamente en el área conocida como “Mil Islas”, se descubrieron siete fosas clandestinas, en las que se encontraron cadáveres de hombres y mujeres. Se presume que fueron ejecutadas y luego sepultadas de manera clandestina.
A todo ello hay que agregar que existe rezago en la aprehensión y consignación de los responsables de este tipo de delitos cometidos en años anteriores. Las cosas caminan de prisa cuando se han convertido en tema mediático. La presión de los medios impresos y electrónicos, además de las redes sociales, es un mecanismo ciertamente eficaz para agilizar los procesos y a las dependencias que tienen que ver con el tema de la inseguridad. Lo que molesta a la ciudadanía es que el rubro de la seguridad se sigue viendo con soslayo en las altas esferas del gobierno estatal, en donde sigue permeando la idea absurda, torpe, de que Oaxaca es una de las diez entidades más seguras del país. Es evidente que, con este mapa criminal, es una falacia.
Hemos sido recurrentes en el tema, pues partimos de la premisa de que el gobierno, como representante legítimo del Estado, tiene a su cargo la salvaguarda de las instituciones y de la vida de los ciudadanos. En el momento en que se ubique este tema como uno más de los temas de la gobernanza, estamos mal y en indefensión. Hace falta ser insensible y actuar de manera indolente no ver lo que está ocurriendo a diario en la Ciudad de Tuxtepec, en donde, en promedio, se comete un homicidio al día. Ello la ha convertido en una de las ciudades más violentas del país y en paraíso de las actividades criminales de cárteles y bandas locales.
