(¿Dictadura o Maximato?)
Desde que en 1990 se fundó el Instituto Federal Electoral (INE), luego Instituto
Nacional Electoral (INE), se habían empezado a manifestar en nuestro país signos
claros y positivos de una auténtica democracia: se volcaba en las urnas la vocación
─democrática también─ del pueblo mexicano, sometido por cerca de dos centurias
a procesos electorales dudosos.
Desde 1938, en México se celebran cada seis años elecciones presidenciales,
renovándose el poder ejecutivo conforme lo estipula la Constitución política, sin
que se haya dado interrupción alguna, sin que haya habido reelección presidencial.
El último intento de violar el lema revolucionario de 1910, fue protagonizado
durante la presidencia (entonces de 4 años) de Plutarco Elías Calles, que permitió
la modificación constitucional para que Álvaro Obregón se reeligiera (ya había sido
presidente entre 1920-1924) y para que el período presidencial fuera de seis años.
Obregón, con el apoyo de Calles y con asesinatos de sus contrarios, logró amañado
triunfo electoral en 1928 y hubiera tomado posesión de la presidencia en diciembre
de ese año, si no es porque el 17 de julio, durante una comida que le ofreció una
fracción de diputados, fue asesinado por José de León Toral, en un hecho que para
la democracia puede ser hasta providencial: se prohibió definitivamente la
reelección presidencial.
Pero a la muerte de Obregón, Calles se constituyó en el poder máximo de México. A
partir de 1928 designó presidentes a su antojo: Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz
Rubio (en unas turbias y fraudulentas elecciones); Abelardo L. Rodríguez y,
finalmente Lázaro Cárdenas. El llamado Maximato callista duró 10 años y fue un
período de terror político en el cual no se permitía opinión contraria. La disidencia
política tenía dos fines: la muerte o el exilio.
Hasta 2018, los presidentes de México han cumplido sus sexenios, sin haberse
sucedido muertes, renuncias, dimisiones, relevos o hechos que interrumpieran una
simulación democrática, pero que logró mantener a raya ambiciones de reelección,
aunque se mencionan dos o tres intentos: Miguel Alemán, Luis Echeverría y Carlos
Salinas, pero ninguno de ellos propició o interfirió en reformas legales o
constitucionales para cambios o eliminación de órganos de contrapeso, incluyendo
los poderes legislativo y judicial.
Desde 2000, supimos lo que era el respeto al voto y el cambio presidencial por el
método democrático, se acabó la hegemonía monopartidista impuesta en 1929.
Hemos contado con una institución autónoma: el Instituto Nacional Electoral
(INE, antes IFE), que nos ha dado confianza.
Hoy en día, 2021, cuando seguimos aspirando por la pulcritud de la democracia,
ésta se está viendo amenazada y todo favorece la idea de una inminencia golpista
auspiciada por el mismo poder del Estado. El INE está siendo fuertemente
hostilizado y se busca abiertamente su “exterminio” como dijo un irresponsable
líder del partido en el poder. El Poder legislativo es esa marioneta cuyos hilos son
manipulados a voluntad gubernamental y está legislando a modo de poner bajo
control estatal la economía, la política energética, la salud, la educación, el
comercio internacional, las inversiones, la banca, las telecomunicaciones, los
medios y, lo peor: poniendo las bases para una eventual reelección presidencial,
que atentaría contra ese principio maderista que se invoca y por la vida de
centenares de miles de muertos entre 1910-1917. La violación a las leyes, por
intención y por desconocimiento, está llevándonos a matar a una democracia
incipiente, pero que ha sido esperanzadora. Ya se hizo un ensayo al extender el
período del presidente de la Suprema Corte de Justicia, por iniciativa de un
senador, con plena estulticia.
Se acerca un proceso electoral intenso. Conviene aprender y llevar en la conciencia
una sentencia política del Maestro de América, José Vasconcelos: “Un pueblo que
no sabe sacudirse un yugo, termina por venerarlo”. La democracia mexicana lanza
un S.O.S., acudamos en su auxilio y salvamento.
