La creación de tribunales especiales ad hoc, ha ocurrido por distintas situaciones y por decisiones a veces unilaterales, en otras por acuerdos legítimos en organismos internacionales.
El caso de Núremberg después de la Segunda Guerra Mundial (SGM) es uno de los más conocidos porque un tribunal, creado ex profeso, llevó a juicio y ejecución a líderes nazis, por crímenes de guerra, crímenes que en realidad fueron también cometidos por el bando aliado como después se ha demostrado. Algo semejante ocurrió en Tokio. Los vencedores fijaban las reglas no escritas previamente en ordenamientos judiciales.
Un caso largamente discutido ha sido el juicio en Jerusalén a Adolf Eichman, el brutal encargado de una parte del Holocausto. Refugiado en Argentina, fue secuestrado por agentes israelíes, y llevado a un tribunal creado exprofeso. La filósofa Hannah Arendt, judía, alemana de nacimiento, en un formidable ensayo (Eichman en Jerusalén – Un estudio sobre la banalidad del mal, Editorial Debolsillo, México 2016) analiza puntos de legalidad interesantes: Eichman cometió sus crímenes dentro de una política de Estado: era legal en la Alemania Nazi perseguir y matar judíos; el Estado de Israel no existía aún durante la (SGM) por tanto como tal no tenía jurisdicción sobre delitos cometidos contra naturales de la Europa de 1939-1945 (no eran nacionales israelís); la captura del personaje violaba las leyes argentinas: secuestro y extradición forzada. Los estudios psiquiátricos practicados a Eichman, mostraron que no sólo era persona normal, sino que no tenía noción de maldad y su “trabajo” lo equiparaba al de cualquier empleo lícito. Lo peor es que en el Holocausto colaboraron judíos. Fue ejecutado por delitos contra la humanidad y por intención expresa de exterminar a los judíos.
En 1993, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas fundó el Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia, por violaciones al derecho internacional humanitario, por causas de la violencia y guerra durante la separación de las naciones que conformaron Yugoslavia en la década de 1990.
En 1994, también el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, creó el Tribunal Internacional para Ruanda, para juzgar por genocidio y crímenes contra la humanidad a altos funcionarios de Ruanda, por su despiadada persecución y exterminio de la etnia Tutsi.
El Consejo de Europa creó el Tribunal Especial para Kosovo, que enjuiciaría crímenes étnicos cometidos por el Ejército de Liberación de Kosovo, que buscaba la separación de Yugoslavia. Ya han sido juzgados el Primer Ministro y el presidente de Kosovo. Es considerado “Tribunal Internacional”. se funda ya en principios que surgen del Estatuto de Roma que creó en 1998 la Corte Penal Internacional, misma que persigue crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y reprueba y desconoce la prescripción de esos crímenes aun cuando los acusados tengan algún tipo de inmunidad: diplomática o fuero legislativo.
Ya no se crean tribunales especiales. Algunos han sido considerados fuera de toda legitimidad. Todos los delitos o crímenes de estadistas y altos funcionarios gubernamentales, de cualquier país, son juzgados conforme al Tratado de Roma en la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, Países Bajos.
México puede ser una excepción: El presidente ha motivado y suscrito la convocatoria para una consulta popular dedicada a juzgar a cinco expresidentes que rigieron entre 1988 y 2018, quienes, según la visión oficial, cometieron delitos que merecen ser juzgados y por lo visto se incluiría la imprescriptibilidad de supuestos crímenes. Sigue sin entenderse porqué, existiendo una Fiscalía General, no se persigue conforme a la ley, a quienes se les imputen faltas.
Sería crear un “tribunal especial”. Pero todo indica que es más un asunto político que un caso penal. La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene la última palabra y decidirá si esa consulta y su propuesta son o no constitucionalmente válidas. Subyace un potencial riesgo de confrontación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial en caso de una decisión adversa al deseo presidencial, en cuyo caso el Judicial podría padecer la animadversión gubernamental y con ello romper la armonía en un Estado que se precia de republicano y democrático.
