El acceso a la información pública y la protección de datos personales no solo son derechos reconocidos por la Constitución Federal y diversos tratados internacionales de los que México es parte, sino que, además, se erigen como valores fundamentales de la transparencia y, por tanto, principios y pilares de toda democracia.
He ahí la doble importancia de estos derechos humanos, pues su ejercicio por parte de las y los ciudadanos y su salvaguarda por parte de todas las autoridades, ayudan a preservar y fortalecer la democracia que, si bien es perfectible, es la mejor forma de organización y gobierno que puede tener una sociedad.
Dicho de otra manera, no podemos entender la democracia sin la transparencia.
En ese sentido, el artículo 6º constitucional, el mismo que consagra la libertad de expresión, contempla también la existencia de un organismo garante de los derechos en cuestión a nivel federal, el hoy Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Asimismo, al prever dicho artículo la coordinación del INAI con los organismos garantes de las entidades federativas, se ordena a estas contar con un ente público en la materia.
Tal vez ignorado por muchos, sobre todo por las nuevas generaciones, nuestro estado ha jugado un papel fundamental en el camino de la transparencia en nuestro país, pues fue el Grupo Oaxaca -del cual orgullosamente formó parte esta casa editorial- el que hace poco más de 20 años impulsó la primera Ley de Transparencia en México, expedida en 2002 para reglamentar el citado artículo 6º de la Constitución Federal.
Por ello, Oaxaca tiene y tendrá siempre un especial compromiso con la materia.
Además, para entender la naturaleza de los órganos garantes en materia de transparencia es necesario también conocer sobre el modelo de Estado regulador al que el Estado mexicano ha transitado en últimos años, así como abordar la reconfiguración del principio División de Poderes.
Lo anterior, pues los órganos garantes tienen especialización técnica en transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, dada su ya abordada importancia, pero además gozan de autonomía constitucional respecto de los poderes tradicionales del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial.
Ello es así en virtud de que, para garantizar la transparencia y el acceso a la información pública, que son asuntos coyunturales para el Estado mexicano como lo ha reconocido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es necesario que los órganos garantes no se encuentren subordinados a ninguno de los poderes tradicionales, sino que se erijan como entes públicos aparte, limitados a la materia de su conocimiento, para garantizar el pleno ejercicio del derecho.
Al ser el acceso a la información pública y la protección de datos personales derechos consagrados en la Constitución, y al ser los pilares de la transparencia, su ejercicio implica el despliegue del aparato constitucional en favor del sistema democrático y, por tanto, en última instancia, de las y los ciudadanos.
Sin transparencia no hay democracia. De ahí la importancia no solo de defender y garantizar la primera, sino también, como ciudadanos, de ejercerla.
*Licenciado en Derecho por la IBERO Ciudad de México y Maestrando en Administración Pública por la Anáhuac Oaxaca.
