Si estás leyendo esto, supongo que estás ansioso por descubrir el secreto mejor guardado de Disney: cómo encontrar al amor de tu vida y dibujar tu ‘felices para siempre’. Bueno pues, ¡bienvenido! Llegaste al lugar no indicado. En este texto no tocaremos nada sobre parejas ni corazones, en su lugar, abordaremos una problemática de vivienda y acceso a necesidades básicas que sufre la comunidad otomí en la Ciudad de México. Sé honesto, ¿te habrías detenido a leer esto si el encabezado hubiese sido “Violaciones a los derechos de la comunidad otomí”? Probablemente no.
Las comunidades indígenas, entre ellas la otomí, no son solo ignoradas por ti, el gobierno también las ha pasado de largo históricamente. Sí, el que se supone que debe preocuparse y sobre todo, ocuparse por que sus ciudadanos tengan una vida digna, ha decidido vivir a oídos sordos cuando de estas comunidades se trata.
Desafortunadamente, la historia de la comunidad otomí ha distado mucho de ser un cuento de hadas. El pasado 12 de octubre, hace casi un mes, la comunidad otomí proveniente de Santiago Mexquititlán, Querétaro, en un acto sin precedentes, tomó las instalaciones del Instituto Nacional para Pueblos Indígenas (INPI), para hacer resonar un firme reclamo: la expropiación de predios para tener un techo, y por consiguiente, acceso a lo que todo ser humano debería tener derecho: agua potable, luz, un lugar dónde construir un hogar. (¿De verdad? ¿eso se debería seguir exigiendo?)
Bajo la consigna “predio pagado no regalado” la comunidad otomí yace entre la planta baja y el primer piso de las instalaciones del INPI, mientras organizaciones y colectivos los apoyan con víveres y actividades recreativas para los niños. En entrevista para esta columna, Margarita, una mujer de 32 años perteneciente a esta comunidad, dijo que esta lucha lleva ya más de 20 años. Dos décadas en las que caben tres sexenios y mil excusas para no cumplir.
Hace aproximadamente un año, el gobierno de Claudia Sheinbaum los desalojó amagando por la fuerza, con 400 granaderos que sin piedad, violentaron a mujeres y niños por igual, obligando a las casi 200 personas que conforman la comunidad, a abandonar el lugar y llamar ‘hogar’ a unos campamentos improvisados que tuvieron que instalar en las calles.
Diálogo es la promesa transexenal a la que el gobierno se ha aferrado, pero de diálogo no se construye un hogar, ni se bebe agua potable, ni se duerme tranquilo sabiendo que los vecinos te echaran veneno de rata porque les incomoda que estés ahí (sí, así).
Tomar las instalaciones del INPI es un acto simbólico que para la comunidad implica un grito desesperado y, al mismo tiempo, es la primera vez en mucho tiempo que se sienten resguardados; así lo explicaron Karla Aviña y Florina Mendoza, ambas involucradas en organizaciones y proyectos dedicados a acompañar a las comunidades indígenas. “Los niños de la comunidad dicen que se sienten muy bien ahí porque les dan de comer (los colectivos que van a apoyar la causa), y que les gusta estar en la sede porque están calientitos y no se inundan (como ocurría en los campamentos)”.
Las instalaciones están intactas, pese a la rabia e indignación, no ha habido un solo vidrio roto, solo una necesidad de más allá de ser escuchados, palpar -por primera vez- una solución, según dijo Florina. “Cómo puede meter miles de millones de pesos en consultas y no puedes destinar un peso a viviendas” agregó.
Margarita, quien como el resto de sus compañeros, obtiene ingresos vendiendo dulces, artesanías, y manzanas de chamoy también dice sentirse decepcionada de que después de tanto tiempo, sus condiciones de vida sigan siendo tan precarias, al igual que la respuesta del gobierno.
En los últimos meses, y en el marco de la pandemia, el gobierno de la capital ha enviado a uniformados a quitarlos de las calles con el pretexto de que deben resguardarse para cuidar su salud, pero un detalle olvidaron, la calle es para ellos, casa y principal medio de sostén.
Como puedes notar, en este texto no pude darte consejos para tu cuento de hadas, pero vengo a narrarte una historia real, una historia que alberga injusticias y evidencia un sistema lleno de asimetrías y desigualdades. Te vengo a contar de un pueblo que suele ser ignorado y del que, en palabras de Karla Aviña, “nunca se ha hecho mucho ruido sobre la situación que viven. Se vive un silencio que entristece”.
El gobierno le ha quedado a deber a este y a otros tantos grupos que conforman parte esencial de la cultura de nuestro país y que por el simple hecho de ser humanos, merecen tener un techo. La concepción del gobierno sobre éstos debe enfocarse en dejar de dramatizarlos, y comenzar a actuar para velar por su bienestar.
El pasado martes 3 de noviembre, luego de más de 20 días de tomar la sede del INPI, hubo una primera reunión con la cabeza de esta institución y la Jefa de Gobierno, misma que promete tener un segundo encuentro el día de mañana, 10 de noviembre. No obstante, para Margarita y el resto de la comunidad, si no hay papel firmado que les asegure que pronto tendrán un lugar dónde vivir, no hay nada.
