Tercer país seguro

Con motivo de la crisis migratoria por la que está atravesando el país, México se ha considerado, según la terminología convencional, como “Tercer país seguro”, significando con ello que estamos obligados a recibir refugiados de un país que aspiran a ser recibidos o asilados en un otro país, en tanto éste último les concede la petición. El ejemplo es: emigrantes de Honduras desean internarse en Estados Unidos de América; éste no los acepta; entonces, México debe establecerlos en su suelo temporalmente. En el caso, Honduras es “primer país”, EUA “segundo país” y, desde luego, el que termina con la carga es México, como “tercer país seguro”.
Las obligaciones y compromisos de un “tercer país”, son las de proporcionar vivienda o alojamiento, alimentación, educación, salud y necesidades más apremiantes de los migrantes o refugiados en su caso.
Todo eso se deriva de convenciones internacionales que ha signado México, como la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y su Protocolo de 1967. En esta Convención, el término refugiado se aplica a toda persona que “debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera de su país de nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país…”
Como organismo promotor de soluciones duraderas al problema de refugiados, en 1950 se fundó ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados), después de las trágicas secuelas que dejó la Segunda Guerra Mundial y la gran división político-ideológica en Europa, causante de éxodos nacionales.
México es signatario también de la Declaración de Cartagena sobre Refugiados, de noviembre de 1984, obligándose no sólo a conceder asilo, sino la protección y garantías que el Estatuto de Refugiados establece. No sólo eso, el gobierno de México fundó en 1980 la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), debido a que ya se daban flujos migratorios masivos procedentes de América del Sur y Central.
Hoy en día, ante la incontrolable ola migratoria que se interna por la frontera con Guatemala, cuya pretensión es internarse en Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump ha querido hacer efectivas sus promesas de campaña: construir un muro pagado por México, para detener la migración “ilegal” (indocumentada, para nosotros), pero ante la contención presupuestal y de su oposición política, la obra gigantesca no se ha construido, pero Trump ha encontrado otras maneras de obligar a nuestro país a detener el gigantesco tránsito migratorio, que no es precisamente de refugiados, sino de personas y familias que huyen de la pobreza y la falta de empleo y servicios en sus países de origen. Lo cierto: quieren empleo y mejor vida en EUA.
Lo cierto es que Trump se valió de una amenaza para humillar al gobierno de México y obligarlo a aceptar condiciones no favorables para que contengamos desde la frontera con Guatemala la avalancha migratoria. Pero, a su vez, Estados Unidos está expulsando migrantes también masivamente, a quienes hay que dar refugio y protección en territorio nacional, habiéndose ya creado conflictos severos en ciudades fronterizas por la carencia de instalaciones e insuficiencia económica para atender centenares de miles de personas asentadas irregularmente en suelo patrio, dándose casos de discriminación pero también asociaciones de delincuencia y hasta de presión por parte de una sospechosa ola de migrantes cubanos y venezolanos, que al parecer gozan del favor gubernamental, lo cual ha causado inquietud en algunos círculos políticos.
Es muy claro que el problema actual fue activado desde octubre de 2018, cuando se ofreció empleo y vida segura a migrantes. El entonces presidente electo tendió su mano y hoy enfrenta un pavoroso problema que no acierta a resolver, por ello se han fracturado los esquemas institucionales y legales: presiones externas e improvisaciones internas.