Legalidad Desmitificada

Pareciera recurrente asociar nuestra identidad jurídica nacional con una constante tensión entre la edificación y el desmantelamiento. La lucha de grandes voluntades políticas que buscan dejar su marca en el terreno del Derecho nos es tan culturalmente connatural como la incólume autoridad de nuestras figuras independentistas. Hoy vivimos ese patrón de una manera ligeramente diferenciada. Las luchas de poder contra el Derecho son más visibles y cínicas que nunca.

Qué gusto nos daría afirmar que a pesar de las evoluciones de este padecimiento nos encontramos ante algo completamente nuevo, pero lamentablemente es uno que hemos tenido que sufrir desde el nacimiento de nuestra patria. Los sexenios hegemónicos y de supuesta transición también se han manchado del presidencialismo exacerbado hijo de la revolución. La diferencia esencial con nuestro tiempo es que con la bandera de las apabullantes mayorías nos hemos trasladado al terreno de la cotidianidad y la masificación de dicha pugna. Ahora nos es común vernos enredados en tratar de entender –casi diariamente– la pureza y moralidad de la fundamentación y motivación en los pasos contundentes que pretende tomar la llamada transformación.

Así las cosas, la generalidad mexicana puede encontrarse en una titubeante relación con el Derecho público. Un estira y afloja entre el discurso de moralidad y la indisociable necesidad de actuar conforme a lo ordenado por las normas jurídicas. Las alocuciones vigentes han sido maquiavélicas al asociar la legalidad con los demonios nacionales de las élites del pasado, lo que abona a esta turbia relación de la población masiva con lo jurídico.

En un estudio antropológico y social, los expertos podrían ayudarnos a ordenar y visibilizar las posibles fuentes de este problema bilateral, que es tan romántico como conflictivo y pernicioso. Desde el estudio de los sistemas jurídicos en la prehistoria, autores como José María Ribas Alba nos exponen el vínculo primigenio entre el tabú y la magia divina con la juridicidad. Un antecedente que antepone lo divino, lo interpretado, lo superior y lo descendido con las sanciones y reglas aplicables a la comunidad y, especialmente, a la autoridad. Por otro lado, historiadores y sociólogos podrían, a través de sus letras, darnos el sustento al problema en nuestras máscaras y complejos de identidad derivados de nuestro ajetreado mestizaje, mismos que nos han llevado a seguir e instaurar modelos políticos mesiánicos y unipersonales.

Independientemente de la fuente que nuestra conciencia nos permita escoger, debemos asumir, sin duda alguna, que el Estado de Derecho tiene una necesidad latente de sobrevivir en la conciencia popular. El principio de legalidad que permea al aparato público requiere ser entendido, interiorizado y defendido por todo el pueblo, concepto favorito de nuestro artículo 40 constitucional. Ha sido culpa también del gremio jurídico el recelar y tecnificar la ciencia jurídica cuando vemos el resultado de crisis de legalidad de nuestros días. Dicha responsabilidad será expiada cuando los valores fundamentales –y quizás morales– de la ciencia del Derecho sean accesibles al entendimiento de las masas independientemente del individuo que nos postren en el podio. 

Para lograr democratizar y masificar el atesoramiento de los valores jurídicos es indispensable acercar su enseñanza en tiempos de tormenta a través de la defensa comunicativa y litigiosa, pero sumado a la acción de decantar su aparente tecnicismo inalcanzable. Cabe destacar que la formación y producción de los operadores jurídicos –como los abogados y los jueces– recae en el rigor metódico y ético para su legítima continuidad, pero ello precisamente implica que las victorias democráticas tuteladas por ese Derecho mexicano y sus aliados técnicos sean acogidas y defendidas por todos los que se hagan llamar mexicanos con sustento en una verdadera convicción colectiva.

* Estudiante de la carrera de abogado en la Escuela Libre de Derecho.

Twitter: @richievidales.