En los últimos años, el esquema de subcontratación laboral ha crecido considerablemente en el país. De acuerdo con cifras del INEGI, entre 2003 y 2018, el porcentaje de personal ocupado bajo estos esquemas pasó de 8.6 a 17.3%. En términos amplios, la subcontratación ocurre cuando una empresa contrata a otra para la ejecución de un bien o servicio, por tanto, el trabajador tiene una relación laboral con una empresa, pero sus servicios benefician a otra.
El sector empresarial sostiene que los beneficios de la subcontratación son múltiples, por ejemplo: costos más bajos, personal más especializado, horarios más flexibles, más eficiencia, entre otros. Sin embargo, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) señala que este esquema también permite a las empresas deslindarse de dos responsabilidades: la primera tiene que ver con la relación obrero patronal y los derechos que por ley les corresponden a los trabajadores; y, la segunda, aquella relativa a los impuestos con los que cada empresa debe contribuir al gasto público.
Según el investigador Héctor Miguel Fuentes Cortés, al desdibujarse la relación clásica obrero-patronal, los trabajadores subcontratados tienen una menor estabilidad, pues nadie les asegura su permanencia; además, los trabajadores tampoco pueden participar en la negociación de los salarios, esto solo le corresponde a la empresa beneficiaria y a la proveedora del servicio.
De acuerdo con la investigación Subcontratación en México: efectos sobre el bienestar laboral y la evasión fiscal, realizada por el CIEP, las personas empleadas a través de agencias de empleos temporal y servicios de suministro de personal permanente, reciben, en promedio, remuneraciones por hora 43 y 36% más bajas que la media nacional, respectivamente. De igual manera, los trabajadores subcontratados obtienen menores prestaciones sociales como porcentaje de su salario anual que el resto de los trabajadores. En tanto que, en promedio, un empleado recibe prestaciones por un valor de 7.6% de su salario anual, el personal subcontratado únicamente recibe entre 3.1 y 4.1%.
De esta forma, los trabajadores subcontratados podrían perder, en promedio, entre 41 y 58 mil pesos anuales en remuneraciones y entre 2 y 3 mil pesos en prestaciones, al año, como consecuencia de la terciarización de sus labores. Si las personas se emplearan mediante relaciones laborales tradicionales podrían recibir ingresos entre 43 y 61 mil pesos mayores al año. Esta diferencia puede ser significativa para las familias mexicanas de bajos ingresos.
Además de deslindarse de responsabilidades laborales, la subcontratación es utilizada por algunos contribuyentes para evadir compromisos fiscales. Las empresas simulan relaciones laborales tercerizadas con el fin de evitar o reducir su carga fiscal y el pago de utilidades repartidas. De la misma manera, algunas empresas hacen uso de la subcontratación para reducir el pago de cuota obrero-patronales de forma indebida. Esto ocurre cuando los trabajadores son dados de alta en el IMSS con el salario mínimo, mientras el sueldo del empleado es completado mediante prestaciones o transferencias ilícitas, según el investigador Juan Manuel Jiménez Illescas, del Instituto Tecnológico de Monterrey.
Con información del INEGI y la SHCP, el CIEP calcula que las agencias de empleo temporal y las firmas dedicadas al servicio de suministro de personal permanente pagaron 6 mil 862 millones de pesos en contribuciones a regímenes de seguridad social en 2018, esto es, 1.9% de lo ingresado en cuotas a la seguridad social en el mismo año. Al considerar que la tasa de evasión por este concepto fuera de 20%, como ocurre en el pago de ISR en personas morales, la recaudación perdida habría sumado mil 715 millones de pesos.
Debido a las afectaciones de la subcontratación sobre los trabajadores y el erario público, hay que reconocerle al presidente López Obrador su interés por buscar mejorar la forma en que se regula y fiscaliza esta forma de contratación. Cabe recordar que el pasado 12 de noviembre de 2020, el poder ejecutivo envió a la Cámara de Diputados la iniciativa de reforma en materia de subcontratación. Aunque la iniciativa de reforma no es perfecta, es necesario discutir un esquema que parece ofrecer más perjuicios que beneficios.
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