Obligada introducción
Desde el inicio del régimen de la 4T se han dado intentos evidentes de pulverizar a los órganos autónomos; desaparecerlos o acotarlos. En el peor de los casos convertirlos en apéndices de Morena. Oaxaca no ha sido la excepción. Es el caso del Sistema Estatal Anticorrupción, que registra un historial de claroscuros y un entramado de aberraciones jurídicas y violaciones a la norma. El tema cobra relevancia pues la lucha contra la corrupción sigue como eje de la política de AMLO -aunque más como discurso que realidad- y, seguramente, impactará en el gobierno de Salomón Jara.
1).- Un poco de historia
Al calor de la presión nacional, en 2017 nace en Oaxaca el Sistema Estatal de Combate a la Corrupción (SECC). Aprueba su constitución la LXIII Legislatura. El 18 de enero de 2018, una comisión de selección, nombra al Comité de Participación Ciudadana. Su operación estuvo condicionada también, a la constitución de un Órgano de Gobierno o Comité Coordinador. Seis instancias asumieron dicha responsabilidad: la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, la Fiscalía Anticorrupción, el entonces llamado Instituto Estatal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IAIP) -hoy OGAIPO-, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca (OSFEO), el Tribunal de Justicia Administrativa (TJAEO) y el Consejo de la Judicatura del Estado. En este entorno, se le asignó la Secretaría Técnica, es decir, la cereza del pastel, a José Esteban Bolaños Cacho. Esta área maneja los recursos asignados y 26 plazas.
2).- La burra tuerce el rabo
Desde su arribo como diputado local por Morena, a la LXIV Legislatura, Fredy Delfín Avendaño, de Morena, fue como un chivo en cristalería. Su afán reformador le llevó a cometer las peores torpezas. Al tenor de su Mesías, hizo suya la frase: ¡Al diablo con las instituciones!, o más bien, “no me vengan con que la ley es la ley”. Su propósito era eliminar el Comité de Participación Ciudadana y sustituirlo por un Consejo, con similares atribuciones. Para cumplir su objetivo propuso reformar el Artículo 120 de la Constitución local, para crear el “Sistema Estatal de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca”, una nueva ley, así como una comisión de selección de 9 miembros. La mayoría vinculados a la UABJO. Todo ello fue en junio de 2021. A escasos tres meses del relevo legislativo.
El nuevo Consejo -ya no Comisión- estaría conformado por cinco consejeros (as). Sin embargo, dicho órgano estuvo, desde un principio, permeado por la ilegalidad. En el trasfondo de ello se observa una serie de contradicciones e inconsistencias, desde el mismo decreto 2495, que reforma el Artículo 120 constitucional. Errores en la redacción y en conceptos: se menciona a la ASE, cuando ésta fue sustituida por la OSFEO, por Decreto 695, el 21 de septiembre de 2017. Hay un fusil de otras leyes estatales. Además, contradicciones en la designación de los integrantes del Consejo, violaciones al proceso legislativo, a la certeza jurídica y, obvio, a los derechos humanos de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana vigente.
3).- Confusión e ilegalidad
Este desbarre jurídico dio lugar a una confusión generalizada. ¿O Comité o Consejo? Uno está operando, el otro es sólo un membrete. Pero el golpeteo mediático sigue. Algunos de los actuales miembros del “Comité” en funciones, han recurrido al amparo del Poder Judicial de la Federación y lo han logrado. Juan José Flores Guzmán, actual presidente de dicho organismo ganó el juicio de amparo No. 659/2021; la consejera del Comité de Participación Ciudadana (CPP), Sonia Mora Cruz, también logró el suyo: No. 723/201, por el Juez Segundo de Distrito. La Ley del Sistema Estatal del Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca aprobada por la bancada de Morena en la anterior legislatura, violenta el principio de legalidad, la supremacía constitucional, la certeza y seguridad jurídica, invade esferas de competencia y vulnera la división de poderes.
No hay que olvidar que el gobernador Alejandro Murat vetó en su totalidad, la Ley secundaria de dicha reforma. ¿Qué hará la LXV Legislatura, que preside la diputada Laura Estrada Mauro, presidenta de la JUCOPO, para superar sus propios enredos, partiendo de la premisa de que diputados y diputadas de Morena hoy reciclados, validaron dichas aberraciones jurídicas y traspiés legislativos? ¿Qué andamiaje jurídico ofrecerán al Poder Ejecutivo, que encabezará Salomón Jara?
BREVES DE LA GRILLA LOCAL:
— En sentido contrario a lo que reconoció el embajador Ken Salazar, Oaxaca no es un remanso de paz. Si lo fuera, no había sido balconeado en la mañanera del miércoles 21 de septiembre, después de Guanajuato. Éste con 20 homicidios, nosotros con 10. A punto de acabar el sexenio, ojalá que la Secretaría de Seguridad Pública y el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública Estatal (SESEPS), dejen de mentir. Ya nadie les cree. Diez ejecuciones en un día no es para jactarse. Por favor.
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