Andrés Manuel López Obrador, en sus campañas por la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, presentaba como solución a casi todos los problemas de estado, la fórmula infalible de ser honestos y acabar con la corrupción, y es que, como lo he referido con anterioridad, uno de los elementos causantes de las miserias del pueblo son los excesos del poder constituido, entre los que se encuentra, precisamente la corrupción, la cual, genera un fenómeno social digno de estudio, pues, aunque cuenta con un rechazo general, parece haberse enraizado en la cultura del Mexicano, de tal suerte que se pudiera llegar a pensar incluso que es común o hasta un “mal necesario”, sin embargo, es importante entender que los efectos de la corrupción son terribles, pues afectan directamente el desarrollo social, al desviar recursos destinados a la prestación de un servicio, o incluso, afectar la vida democrática del país me explico:
La corrupción es mala desde cualquier perspectiva, y nunca debe tomarse como un mal necesario, aunque se pueda llegar a pensar que es legítimo dar dádivas a cambio de agilizar algún procedimiento jurídico administrativo, o ser tratados de manera preferencia, pues aunque no lo percibamos de manera inmediata, siempre tiene víctimas, que normalmente son los sectores más vulnerables.
Podemos definirla como todos aquellos actos y omisiones que constituyen la violación de un deber posicional derivado de la función pública, lo anterior en un marco de secrecía o discreción con la finalidad de obtener un beneficio, sea cualquiera que sea su naturaleza, y cuenta con características muy específicas: los actos de corrupción de carácter individual, secretos o discretos, tienen finalidad obtener un beneficio extra institucional o personal a través de la violación de la propia función institucional, no requiere una relación de superioridad e inferioridad, ya que puede darse entre iguales, pero genera la obligación de comportarse conforme a los deseos del donante, incluso, se puede sobornar a una persona para que cumpla con una obligación legal.
Cabe reflexionar si solamente los entes públicos y sus representantes pueden ejercer actos de corrupción, yo considero que no, en primer término porque los propios particulares son los que ofrecen o aceptan otorgar dádivas, y en segundo aspecto por que se pueden generar actos de corrupción entre particulares, como por ejemplo: la agilización de trámites en instituciones bancarias para obtener créditos preferenciales, o simplemente cambiar cheques de altas denominaciones, por lo que el combate a la corrupción implica el fortalecimiento del valor de la integridad, generar la convicción en la ciudadanía de que las consecuencias de la corrupción son terribles, pues al agilizar un trámite, se retrasan los demás, al desviar recursos, se deja sin servicios a un sector, al pagar para que un servidor público cumpla con su deber se rompe el principio de lealtad institucional que debe regir el servicio público.
No olvidemos que en el estado mexicano, la corrupción se encuentra tipificada como delito, e incluso, el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la procedencia de la extinción de dominio contra bienes cuya legitima procedencia no se pueda acreditar y que sean producto o instrumento de la comisión de actos de corrupción, aunado que las personas jurídicas pueden ser penalmente responsables, principalmente ante la omisión de prevenir delitos, por lo que, se deben implementar programas de compliance como herramientas orientadas a abordar el fenómeno de la corrupción pública y privada, reiterando que debe ser desde una perspectiva de integridad.
No obstante lo anterior, la Encuesta Nacional de Calidad de Impacto Gubernamental del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática señala que hubo un crecimiento de 7.5% en actos de corrupción en la prestación de servicios básicos entre los años 2017 y 2019, es decir, que la prevalecía de la corrupción pasó de 14 mil 635 víctimas por cada 100 mil habitantes en 2017 a 15,732 en 2019, generando un costo total de 12 mil 770 millones, es decir, un promedio de 3 mil 822 por persona afectada, a lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador desestimó dicha medición en virtud que, a su decir, la confianza en el actual gobierno no permite la corrupción, pero que cada quien interpreta los datos como los entiende (eso explica porqué siempre tiene otros datos), pero que la corrupción en México está bajando.
Sin embargo, lo anterior resulta contradictorio, pues una de las consecuencias negativas de la corrupción es precisamente la pérdida de confianza en las instituciones, como es el caso de quienes pagamos impuestos y nos enteramos que nuestras contribuciones se destinan a programas asistenciales que no se encuentran debidamente regulados, obras que en esta pandemia no son prioritarias como el Tren Maya, la refinería Dos Bocas o el aeropuerto de Santa Lucía o la asignación a Cyber Robotics Solutions, propiedad de León Manuel Barlett Álvarez de un contrato de 31 millones de pesos por 20 ventiladores respiratorios, es decir, cada uno al precio de un millón 550 mil pesos.
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