“No importa, el virus no les llega a ellos porque ya están aislados” dijo mi hermana menor cuando le expuse en voz alta que me preocupaba lo mucho que leía sobre cárceles alrededor del mundo en épocas de coronavirus, y lo poco que leía sobre el mismo tema en el entorno nacional. No, a diferencia de lo que mi hermanita y muchos creerían, las cárceles no son un escudo protector. Las condiciones de hacinamiento, sobrepoblación, falta de higiene, y constante flujo del personas, suponen algunos de los riesgos para quien hoy fuera, uno de los grupos más vulnerables de esta pandemia.
De acuerdo con cifras del INEGI, en 2016, México contaba con 267 centros penitenciarios estatales en el país, los cuales contaban con una capacidad instalada de 170 mil 772 camas útiles, para los 188 mil 262 reclusos que se tenían contabilizados. En la Ciudad de México, donde actualmente se concentra la mayor parte de casos de contagio de COVID-19 del país, el escenario no es más favorable. En dicho año, según estos mismos datos, los centros penitenciarios de la capital presentaron una tasa de sobrepoblación del 129%. Lamentablemente esto no es sorpresa, los centros penitenciarios estatales se han visto rebasados en capacidad desde hace por lo menos diez años, según cifras oficiales. Parece que después de todo, tener “Susana Distancia” también es un privilegio, ¿cierto?
La CNDH, por su parte, publicó el año pasado su Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciara, en el cual indicó que, adicional al hacinamiento y sobrepoblación suscitada anteriormente, los servicios de salud del 33% de los centros penitenciarios, y las condiciones materiales y de higiene dentro del 63% de los mismos, son deficientes. Al aterrizarse al contexto de emergencia sanitaria que enfrentamos actualmente, esta resolución se vuelve poco alentadora, por decir lo menos.
“Las personas privadas de su libertad, aunque hayan cometido un delito, son seres humanos, y por tanto, tienen derechos (…) no es cuestión de voluntad y gustos, las autoridades tienen obligación de prevenir violaciones a los derechos humanos de los reclusos como lo es, en este caso, la salud” me comentó en entrevista Nohemí Juárez Gil, integrante del área de Acompañamiento Jurídico de Documenta, una de las asociaciones civiles que el pasado primero de abril, expuso una solicitud dirigida a las autoridades penitenciarias para exigir que se considere de manera urgente, la pre liberación de determinado grupo y así se garantice el derecho a la salud de los reclusos.
Antes de que tus tías que se informan por grupos de WhatsApp, se escandalicen ante la simple idea de “dejar libre a todos los presos”, hay que dejar claro que, tal y como explicó Nohemí, no se pide una amnistía para los delincuentes más peligrosos, lo que se busca es que aquellos que tengan una pena máxima de cinco años, hayan cometido delitos sin violencia, de tipo culposo, patrimonial, hayan colaborado con la Procuraduría, entre otros criterios, sean liberados para salvaguardar su integridad como seres humanos.
“Lo que pedimos es que la autoridad penitenciaria, como conocedora de los casos y expedientes que tiene, seleccione aquellos que a su parecer cumplan con estos criterios, que solicite el visto bueno de la Procuraduría y posteriormente, se pida al Juez de Ejecución la liberación ya sea anticipada o condicionada de estas personas”. Y es que si bien es cierto que algunos centros penitenciarios han restringido las visitas como medida de prevención, según Nohemí, esto no es suficient. “La demanda es demasiada y no tenemos certeza de que se atendería a todos las personas que hoy se encuentran privadas de su libertad en caso de que se contagien” advirtió la abogada, añadiendo que la restricción de visitas también puede resultar perjudicial, si se piensa que son éstas, la principal fuente de alimentos e insumos básicos de higiene personal y limpieza de los reclusos.
La tesis que abandera la asociación civil de la que Nohemí forma parte, no es descabellada. Recientemente, distintos estados dentro de países como Alemania, Canadá, Gran Bretaña, Estados Unidos, Irán e Italia, que hoy enfrentan niveles de propagación mucho más alarmantes que los que hasta ahora hemos experimentado en México, ya anunciaron la liberación anticipada o temporal de sus presos de menor riesgo.
Y es que no tomar medidas contundentes en este asunto, sería simplemente fatal. Prueba de ello son los amotinamientos, y las muertes que éstos han traído consigo, en países como Brasil, Argentina y Colombia a causa de la desatención, o bien, la inadecuada -y poco digna- atención, que se le ha proporcionado a este grupo vulnerable ante una crisis sanitaria de esta magnitud.
Los hechos están, las soluciones también. La misma Organización Mundial de la Salud publicó una Guía detallada sobre acciones que los gobiernos pueden -y deben- adoptar para evitar que el virus entre a las prisiones. Lo único que falta, es voluntad política por parte de las autoridades para tomar decisiones anticipadas que garanticen el cumplimiento de los derechos de esas personas que aunque se encuentran privadas de la libertad, también están bajo su cuidado.
El tiempo corre y en este punto, los gobiernos -o la mayoría de ellos- son conscientes de que si pretenden mitigar los efectos que se avecinan, sus movimientos deben ser rápidos, precisos. El riesgo de que el virus permeé en todos los sectores de la población, sin excepción, es una realidad que pronto dejará de verse en nuestro retrovisor para ser parte de nuestro parabrisas. El gobierno mexicano no puede darse el lujo de verse rebasado -también- en este rubro. El sistema penitenciario y de salud, simplemente no pueden permitirse que el virus cruce las barrotes; esto implicaría una propagación masiva que cobraría un número de vidas importante por las que se tendrá que responder.
La evaluación de expedientes de presos de menor riesgo que defienden Documenta y otras asociaciones, protocolos rigurosos de limpieza, talleres de concientización para el personal… es imperativo que el gobierno mexicano desdoble una estrategia para evitar una catástrofe humanitaria en cuatro paredes. Recordemos que dentro de esta población, hay un grupo aún más vulnerable que refiere al de reclusos con edad avanzada, enfermedades crónico degenerativas o en el caso de mujeres, embarazadas. ¿Qué se hará para protegerlos -aún más- a ellos? Hoy más que nunca, López Obrador debe ser lo que en campaña juró, un jefe de Estado que que de verdad se preocupa, por los más vulnerables. Tick, Tock.
