En este espacio opiné la semana pasada sobre la importancia de que el gasto público federal cumpliera con los criterios de eficacia, eficiencia y transparencia; estos elementos también se deben impulsar en el ámbito local, asimismo, se debe señalar cuando los gobiernos estatales y municipales no los cumplan. Así como los medios de comunicación se concentran en el más mínimo detalle que hace el Presidente, igualmente hay que poner atención en los otros ámbitos de gobierno.
De acuerdo con la Constitución, la Auditoria Superior de la Federación (ASF) –órgano técnico de fiscalización de la Cámara de Diputados, el cual se encarga de revisar el gasto público realizado por el gobierno federal, los poderes de la unión, los estados y municipios– debe presentar en la Cámara de Diputados los informes individuales de las auditorias en el último día hábil de los meses de julio y octubre, así como el 20 de febrero del año siguiente al de la presentación de la Cuenta Pública.
El pasado jueves 31 de octubre, la ASF presentó a la Cámara de Diputados la segunda entrega de la revisión a la Cuenta Pública 2018. Del último año de gobierno de Enrique Peña Nieto, la Auditoria señala que no que se han justificado 3 billones 642.2 mil millones de pesos, y que significaron 60 por ciento del gasto neto total. En palabras del titular de ASF, David Colmenares, se detectó “una tendencia errática y discrecional del presupuesto federal, ya que el monto ejercido no ha sido igual o similar a lo aprobado por el Poder Legislativo”.
Entre la información disponible, destaca el caso del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM): 4 de cada 10 pesos invertidos en esta obra fueron irregulares. Según la ASF, las irregularidades se concentraron en cuatro obras de la primera fase de la construcción: cimentación del Centro de Transporte Intermodal; limpieza, nivelación e instrumentación geotécnica de la Pista 6; edificación de la Torre de Control y de Tráfico Aéreo; y la edificación de la Terminal del aeropuerto. Esta información viene a reforzar la idea de que el gasto en la construcción había sido opaco, pero ¿no podría haberse mantenido gastando transparentemente? ¿la construcción del aeropuerto de Santa Lucía es la mejor alternativa?
Además del NAIM, los principales casos de irregularidades incluyen la construcción del Tren Interurbano México-Toluca y el Tren de Guadalajara; en el primer caso, el monto de las probables irregularidades asciende a 273.2 millones de pesos, por concepto de pagos indebidos, duplicidades, ajuste de costos, entre otros; mientras que en el segundo caso, las observaciones son por una cantidad de 315 millones de pesos, por conceptos como pago de gastos no recuperables, pago de precios no previstos en el catálogo original, dovelas con rupturas y despostillamientos, y otros.
En lo correspondiente a Oaxaca, la ASF detectó el probable desvió de recursos que en suma alcanzan la cantidad de 794 millones de pesos, de los cuales 655 millones son de dos programas: 401 millones del Fondo para el Fortalecimiento Financiero (Fortafin) y 254 millones del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE). El primer fondo fue creado en 2015, y son recursos transferidos desde la federación a las entidades y municipios con el propósito de apoyar la inversión de infraestructura y equipamiento, no obstante, no cuenta con reglas de operación; el segundo fondo es destinado para la realización de obras, preferentemente, en los municipios, demarcaciones territoriales y localidades con mayor nivel de rezago social y pobreza extrema.
Hay que recordar que el 2018 fue un año de elecciones, por tal razón, no es difícil imaginar que una cantidad importante de los recursos económicos no terminaron donde debían, y en su lugar, se utilizaron para apoyar a un candidato o partido político. Las acciones llevadas a cabo por esta administración federal en el tema de combate a la corrupción han sido importantes, sin embargo, no son suficientes. Como se ha dicho aquí, tanto los funcionarios provenientes de los partidos tradicionales, como aquellos de Morena, son proclives a desviar recursos. Sin duda, es fundamental que no exista impunidad, es decir, que todo aquel funcionario público que haya cometido actos indebidos tenga una sanción; por otra parte, los ciudadanos tienen un papel importante para exigir un mayor y mejor ejercicio en la rendición de cuentas de las autoridades.
*Estudiante de
Economía
