En 2019 se aprobó una reforma al artículo 35 constitucional para incluir en su fracción IX el derecho de las y los mexicanos a participar en los procesos de revocación de mandato, incluyendo el del Presidente de la República, para lo cual se ordenó al Congreso de la Unión emitir la respectiva ley reglamentaria.
Sin embargo, a pesar de tener dos años para hacerlo, los principales interesados -el oficialismo- buscaron aprobar fast track la Ley Federal de Revocación de Mandato, sin previo parlamento abierto ni el estudio necesario, en los últimos días de la LXIV Legislatura. Dada la complejidad del asunto, y su trascendencia en la vida democrática de México, la oposición detuvo la intentona de Morena y sus aliados de aprobar una ley improvisada, para dar tiempo a elaborar una regulación que sea acorde con la Constitución, y no tergiverse la democracia.
La revocación de mandato permite a las y los ciudadanos terminar anticipadamente el cargo público para el cual eligieron con anterioridad a cierta persona. Para algunos esta figura jurídica es un mecanismo de participación ciudadana y democracia participativa, mientras que para otros puede incluso vulnerar el principio democrático y sus garantías pues una de ellas es la previsión de temporalidad del cargo por el cual se vota y, al revocarlo, se irrumpe dicha previsión.
Dejando a un lado la opinión que cada quien pueda tener de la revocación de mandato, lo cierto es que hoy por hoy es un derecho consagrado en nuestra Constitución, y que como tal debe ser garantizado por las autoridades, pero que también debe ser especialmente cuidado y finamente regulado para que no se desvirtúe de forma tal que lejos de robustecer la democracia, pueda ser utilizado como un medio para debilitarla, como pretenden ya saben quiénes.
Como el nombre lo dice, este derecho de las y los mexicanos permite revocar un cargo de elección popular, como el de Presidente de la República, mas no se trata de un mecanismo para ratificar dicho cargo, que es lo que el Régimen pretendía con su iniciativa de Ley Federal de Revocación de Mandato. Para aprobarla, buscaban convocar a ambas cámaras del Congreso de la Unión a un periodo extraordinario en los últimos 10 días de la LXIV Legislatura -la cual concluye el 31 de agosto-, lo cual hubiera arrojado una regulación deficiente e inconstitucional, pues lo que Morena -peligrosamente- en realidad planteaba era buscar la ratificación de ya saben quién.
Sin embargo, los legisladores de la oposición, conformada por la alianza Va por México (PRI, PAN y PRD) y Movimiento Ciudadano, los detuvieron esta semana en dos ocasiones, pues los partidos del bloque oficialista no cuentan con la mayoría calificada en la Comisión Permanente -así como tampoco la tendrán en la LXV Legislatura- necesaria para convocar a la Cámara de Diputados y al Senado de la República a un periodo extraordinario. Una vez más hubo contrapesos, de esos que tanto detestan en Palacio Nacional.
Hay que dejarlo claro. En la oposición no estamos en contra de la revocación de mandato y su necesaria legislación pues, como anticipé, es un derecho de todas y todos los mexicanos que se encuentra consagrado a nivel constitucional. Sin embargo, sí estamos en contra de que la revocación de mandato sea desvirtuada -como sucedió con la consulta popular- y utilizada por Morena y el Régimen para sus intereses antidemocráticos, y que después la tomen como excusa para pretender prolongar un cargo -como el del presidente- más allá de su periodo constitucional.
No se rechaza la Ley Federal de Revocación de Mandato, sino que lo que se busca es que esa ley, como toda norma secundaria, sea acorde con nuestro texto constitucional, algo que les cuesta mucho a Morena y sus aliados.
Revocación sí, ratificación no.
*Licenciado en Derecho por la IBERO Ciudad de México y Maestrando en Administración Pública por la Anáhuac Oaxaca.
