Este día será el regreso a clases de más de un millón de educandos de los diversos niveles escolares del sistema educativo estatal, tanto público como privado. En tres meses vendrá el período de verano, que antecederá el fin de cursos en julio. Aunque oficialmente el período vacacional de invierno daría inicio el 23 de diciembre, la mayoría de instituciones salieron a partir del 20, es decir, más de dos semanas de asueto. Los oaxaqueños esperamos que los maestros del sistema educativo oficial, afiliados al llamado Cártel 22, contribuyan de manera responsable a continuar con el proceso enseñanza-aprendizaje que tiene marcado el Plan de Estudios 2019-2020, vigente. Ya padecimos algunos de sus arranques a mediados de diciembre, cuando fueron los supervisores, luego mentores de secundarias generales y finalmente de técnicas, los que nos hicieron pasar un infierno en la capital, con sus bloqueos a vialidades.
Nuestro estado arrastra –y eso no es un secreto- bajísimos niveles de aprovechamiento escolar. El problema aparentemente no se percibe, justamente por la soterrada negativa de dicho gremio a ser evaluado. Esa resistencia está fincada no en el argumento de que son los organismos internacionales los que fijan los criterios de medición, sino porque hay entre los mentores y sus dirigentes el pleno convencimiento de que la movilización perpetua tiene como resultado el atraso de los alumnos. Hace un par de semanas escuchamos al dirigente de la Sección 22, Eloy López Hernández, afirmar que su gremio no está satisfecho con la Reforma Educativa que apuntaló el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, por lo que, los maestros “democráticos” se seguirán movilizando. Se trata, lo hemos dicho de manera constante, de un gremio eternamente insatisfecho.
Muchas voces se han escuchado en diversos foros, incluyendo algunos organismos no gubernamentales, para exigir a los maestros que conforman el llamado Movimiento Democrático de los Trabajadores de la Educación (MDTEO), cumplir con sus obligaciones docentes, más allá de sus pretensiones políticas o fijaciones ideológicas. De seguir arrastrando esos niveles de rezago y atraso, el desarrollo estatal no puede fincarse en un universo de escolares que no cumplen con las mínimas expectativas académicas y de conocimientos básicos. Esperamos pues –aunque hay duda en ello- que nuestros maestros dejen atrás sus expectativas gremiales y que cumplan con sus responsabilidades, que para ello les pagan con nuestros impuestos.
Ilícitos al por mayor
El Istmo y la Cuenca del Papaloapan, son las dos regiones que terminaron 2019, como las más violentas de la entidad, sin descartar crímenes y otros ilícitos en el resto del estado. En la capital oaxaqueña se exacerbaron los asaltos en el fin de año. A plena luz del día en calles del Centro Histórico se cometieron robos con un botín considerable, lo que sigue poniendo en tela de juicio la posible complicidad de empleados bancarios con bandas dedicadas al robo de cuenta-habientes. Es más, se suscitaron asaltos a sucursales bancarias con botines que nos se dieron a conocer, todo ello, no obstante el ofrecimiento del edil capitalino, Oswaldo García Jarquín de que la Policía Municipal estaría dispuesta a acompañar a quienes lo solicitaran, para retirar o depositar dinero. Muchos no lo han hecho pues ello implicaría descuidar a los jenízaros de sus labores de vigilancia y seguridad.
Es indiscutible que la vigilancia bancaria se ha reforzado. Hay elementos de diversas corporaciones afuera de las sucursales, pero ello no es suficiente para atender llamados de auxilio cuando los ladrones que operan a bordo de motocicletas, lo hacen cinco o diez cuadras más adelante. Se trata de profesionales que van dispuestos a todo. Dichos ilícitos muchas veces son minimizados por otros de mayor relevancia, como son las ejecuciones que se han dado en Tuxtepec y que enlutaron varios hogares los últimos días del año que recién terminó. Una situación similar se dio en Juchitán de Zaragoza, considerada ya como una de las ciudades más violentas del país, junto con Tuxtepec, Ahí ni el Año Nuevo dejó un saldo blanco. El jueves muy temprano, dos sujetos que viajaban en una moto, en el tramo Juchitán-El Espinal, fueron ejecutados. No lograron llegar a sus domicilios. El lunes se dieron ejecuciones en Etla y Lagunas.
Continuamos pues a la espera de una estrategia de seguridad que contribuya a mejorar la seguridad ciudadana. Por lo que ha trascendido, la Federación canaliza recursos económicos suficientes en el Fondo de Apoyo a la Seguridad Pública (FASP), para mejorar los servicios, adquisición de equipo, armamento, etc. Sin embargo, hay que reconocer también que algo de esos recursos no se emplea de manera correcta y oportuna, por lo que hay un notable subejercicio. El ejecutivo estatal debe instruir a los responsables de dicha área a ejercerlos, bajo las normas usuales de adquisiciones de bienes y servicios. Es una mala política que dichos recursos no se apliquen como se debe, por la torpeza o ignorancia de los titulares.
