“¿Racismo y/o clasismo en México?” era el título del foro organizado por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), donde uno de los invitados era un “comediante” que constantemente discrimina a determinados grupos de la población, lo cual generó una lluvia de reclamos en redes sociales. Ante esto, se canceló el foro y la titular del CONAPRED, Mónica Maccise, presentó su renuncia.
Frente a la pregunta que planteaba el foro, quisiera aprovechar este espacio para compartir algunas definiciones y datos que nos ayudarán a entender el tema de la discriminación en nuestro país.
De acuerdo con el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (CONAPRED), la discriminación es “una práctica que diferencia y busca hacer menoscabo de los derechos y coloca en una situación de desventaja, marginación, exclusión y vulnerabilidad a personas y grupos”. En México, la discriminación es estructural, ya que es un fenómeno histórico que vulnera a grupos de la población, entre los que se encuentran las personas indígenas, afrodescendientes, mujeres, migrantes, trabajadoras domésticas, niños y jóvenes.
El racismo es la discriminación de una persona por su color de piel, grupo étnico o lengua. Según la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2017, el 53.8% de la población de 18 años y más declaró haber sido discriminada por su apariencia, es decir, tono de piel, peso o estatura, y forma de vestir o arreglo personal.
Por otro lado, el clasismo es la discriminación de una persona por su pertenencia o no a una clase social. De acuerdo con la misma encuesta, 16% de las mujeres y 19.7% de los hombres de 18 años y más declaró haber sufrido discriminación por clase social.
Debido al proceso histórico que conformó al país, las clases más privilegiadas se integran, mayormente, por personas con tonalidades de piel más claras, mientras que los grupos más desprotegidos lo integran personas con tonalidades de piel más oscuras, que pertenecen a un pueblo indígena o son afrodescendientes. Por tal razón, no debería extrañarnos que las personas con tonos de piel más claros tengan más oportunidades laborales o educativas, contrario a lo que ocurre con las personas de tonos de piel más oscuros.
De acuerdo con el Módulo de Movilidad Social Intergeneracional (MMSI) del INEGI, las personas con tonalidades de piel más claras son directores, jefes o profesionistas, en cambio las personas con tonalidades de piel más oscuras son artesanos, operadores o de apoyo. Esto significa que mientras más oscuro sea el tono de piel, la proporción de personas ocupadas en actividades de mayor calificación se reducen.
En el ámbito educativo pasa lo mismo. Solo 10% de las personas con tonalidades de piel más claras no cuentan con algún nivel de escolaridad, en tanto que las personas con tonalidades de piel más oscuras, 20.2% se encuentra sin ningún nivel de instrucción.
Aunado al racismo y clasismo, en México también se discrimina a las personas por ser mujer. Al reunir los distintos tipos de discriminación, podemos darnos cuenta que las mujeres indígenas o afrodescendientes en situación de pobreza son mayormente discriminadas respecto a otros grupos. Para ellas, los obstáculos para desarrollarse educativa y laboralmente, se multiplican.
La discriminación sí existe en nuestro país y ha sido un fenómeno histórico. La discriminación es un problema porque impide el desarrollo educativo, laboral y humano de grupos de la población, es por eso que debemos dejar claro que no hay un posible debate sobre su existencia.
El combate a la discriminación y desigualdad requiere de políticas públicas que compensen el trato diferenciado que han recibido algunos grupos. Este tipo de políticas son llamadas acciones afirmativas, las cuales brindan un trato preferencial en la entrega de bienes o servicios públicos a grupos que han sido históricamente excluidos.
Un ejemplo de acción afirmativa en nuestro país, es la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, debido a que los adultos mayores indígenas reciben su transferencia a partir de los 65 años, mientras los adultos mayores no indígenas la reciben a los 68 años. Además de este programa, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) señala que actualmente hay otros dos programas relevantes para el acceso efectivo al derecho de no discriminación: Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente y el Programa de Atención a Personas con Discapacidad.
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