La Constitución Política de 1917 marcó una pauta a nivel internacional, ya que estipuló el derecho a recibir servicios de salud, pensiones, vivienda y educación. En los más de 100 años transcurridos tras su promulgación, fueron creadas instituciones y normas para garantizar estos derechos sociales.
Actualmente, nuestro país está lejos de contar con sistemas que garanticen el acceso y calidad de los derechos sociales para toda la población. Para constatar lo anterior, solo hay que revisar la última medición de la pobreza realizada por Coneval, la cual considera el ingreso y seis dimensiones en el enfoque de derechos sociales. En 2018, el porcentaje de la población con carencia social resultó ser de la siguiente forma: 16.9% rezago educativo, 16.2% acceso a los servicios de salud, 57.3% acceso a la seguridad social, 20.4% acceso a la alimentación, 11.1% calidad y espacios de la vivienda, y 24.7% acceso a los servicios básicos de la vivienda.
Debido a su relación con el empleo formal, la mayor carencia social en la población mexicana corresponde a la seguridad social. Ahora bien, la Cepal define a la seguridad social como “el conjunto de mecanismos diseñados para garantizar los medios de subsistencia de los individuos y sus familias ante eventualidades como accidentes o enfermedades, o ante circunstancias socialmente reconocidas como la vejez y el embarazo”.
Indudablemente, a todos los mexicanos nos debería importar cómo vamos a vivir durante la vejez.Por tal razón, resulta importante informarnos sobre las pensiones. De acuerdo con el IMSS, la pensión es “una prestación económica destinada a proteger al trabajador al ocurrirle un accidente de trabajo, al padecer una enfermedad o accidente no laborales, o al cumplir al menos 60 años de edad”.
En nuestro país, existen más de 1,000 sistemas, modelos o esquemas de pensiones distintos. En el caso de los sistemas de pensiones, es posible diferenciar cuatro pilares:
1. Pilar no contributivo: Esta pensión corresponde al Programa para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.
2. Pilar obligatorio por reparto (solidaridad): Las cotizaciones de los trabajadores activos financian las pensiones existentes.
3. Pilar obligatorio por cuentas individuales: Las cotizaciones son para uno mismo.
4. Pilar voluntario: Incluye las individuales para el retiro, planes privados o planes personales en instituciones financieras.
Actualmente, el sistema de pensiones se encuentra en transición, pasando del esquema de reparto (IMSS, ISSSTE, CFE, entre otros) al de cuentas individuales (Afores).
La especialista del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (Ciep), Alejandra Macías Sánchez, en una entrevista realizada por el portal sin embargo.mx, señala que con esta transición “estamos haciendo pagar a las próximas generaciones las pensiones de reparto, y además se tienen que hacer cargo de ahorrar en el esquema de pensiones individuales”.
De acuerdo con el reporte Pensiones en México-100 años de desigualdad, elaborado por el Ciep, el pago de pensiones en México transita por los siguientes ejes, los cuales son fundamentales para su entendimiento: desigual, insostenible y poco transparente.
Sobre el desigual pago de pensiones, el Ciep menciona que el gasto público asignado para cubrir pensiones es inequitativo entre instituciones, tipo de pensiones y generaciones. Por ejemplo, las generaciones pensionadas por el régimen de beneficios pueden recibir, al menos, 40% de su último salario; en cambio, quienes tienen cuentas individuales, apenas alcanzan el 30%; además, la desigualdad se refleja en la distribución del gasto público en pensiones por el sistema de reparto, ya que 57% se asigna la Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Jalisco y Veracruz, mientras que a las 27 entidades restantes se les asigna 43%.
En el caso de la insostenibilidad, el Centro apunta que el pago de beneficio definido presiona al sistema fiscal en detrimento de otras políticas públicas. En el caso de las AFORES, a pesar de que tienen buenos rendimientos, son una carga fiscal considerable para las próximas generaciones, ya que tendrán que soportar esos ingresos mediante un mayor pago de impuestos.
En el eje de transparencia, el Ciep señala que los recursos destinados al rubro de pensiones en educación superior y a entidades federativas carecen de transparencia. Por ejemplo, el déficit generado por el pago de pensiones, en 28 Universidades Públicas Estatales (UPES), representa 2.0% del PIB.
Ante las características mencionadas, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria considera lo siguiente: es urgente evaluar el tamaño del pasivo pensionario, por eso es importante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público compile tal información y la haga pública; revisar el sistema de reparto, ya que el grueso del gasto público en pensiones se destina al esquema de beneficios definidos, y el cual muestra una tendencia ascendente; y establecer controles al gasto público en pensiones.
