Contrapesos
El ojo está en las reformas al poder judicial (y con razón), pero otra reforma que se encuentra en proceso de aprobación es la extinción de los órganos autónomos a nivel federal.
Se trata de siete organismos con funciones muy específicas bajo el argumento de que se busca evitar la duplicidad de funciones y ahorrar recursos públicos.
Las instituciones afectadas son: la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu).
Sí, siempre las funciones de una institución pueden ser transferidas a otras y con ello intentar reducir algunos costos de gasto corriente. No obstante, los presupuestos necesarios para la realización de esas funciones, sean realizadas por un órgano autónomo o uno de la administración pública centralizada, siempre serán necesarios. Entonces, en realidad, mucho ahorro no se logra.
El grave problema que se genera es en justamente la pérdida de independencia de las instituciones.
Aunque en algún momento, en efecto, parecía deporte nacional la creación de organismos autónomos para la atención de determinadas dinámicas sociales, la realidad es que en determinados casos su creación estaba más que justificada.
Existen consideraciones que deben ser planteadas desde un tercero, desde una visión externa y más objetiva para la definición de acciones públicas.
Tener todas estas funciones concentradas en Secretarías, aunque siempre posible, puede implicar que existan intereses en siempre pronunciarse a favor de la política pública A o B y eliminen todo tipo de protección al interés colectivo del pueblo para la obtención de resultados más transparentes y claros.
Con esto en consideración, preocupa en mayor medida el Coneval y el INAI. El Coneval, instancia encargada de evaluar las políticas sociales del gobierno, provee una visión mucho más imparcial sobre los impactos y resultados de las acciones de gobierno dirigidas a mejorar las condiciones de las y los mexicanos, especialmente aquellos en mayor condición de pobreza.
Ahora, transfiriéndose sus funciones a una Secretaría centralizada, se antoja imposible que la misma Secretaría critique o emita resultados subóptimos de su propia labor.
En el caso del INAI, es igual de problemático. Las instituciones públicas no contarán con un árbitro externo que facilite a la población el acceso a la información de lo realizado por las instancias públicas, e incluso de los partidos políticos, sindicatos o empresas privadas que reciban recursos públicos.
Si bien no todos los órganos autónomos, fideicomisos o instituciones públicas son defendibles en cuanto a su existencia o en el monto de asignaciones sus presupuestarias, la eliminación a raja tabla de los órganos autónomos representa un gran riesgo para la defensa de intereses del pueblo.
@GalateaSwanson
