El pasado viernes se jubiló el último grupo de magistradas y magistrados con derecho del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca.
Llega el fin de una era que, con los naturales claroscuros propios de toda función pública, definieron al máximo órgano del Poder Judicial tal como lo conocíamos.
María Eugenia Villanueva, Alfredo Lagunas, Arturo León de la Vega, Porfirio Sibaja y María Laura Ortiz, dijeron adiós.
Cada uno con su legado, con sus luces y sus sombras, hoy forman ya parte de la historia judicial de Oaxaca; los dos primeros como ex presidentes.
Mi reconocimiento y gratitud a todos ellos por su deferencia en el trato personal y por el ejemplo profesional en el ejercicio de la magistratura.
El futuro inmediato del poder judicial oaxaqueño es incierto, como el de todos los del país, incierto.
Aquí tenemos ya una iniciativa que Benjamín Viveros anuncia como perfectible, pero que sin duda en su resultado final como Constitución Vigente traerá no un nuevo Poder Judicial, sino otro Poder Judicial.
No será renovación, será refundación.
Más allá del aspecto meramente político o aquellos que tengan que ver con la elección popular de jueces y magistrados, hay que cuidar la reforma en sus aspectos esenciales. Pará que la justicia se más accesible, pronta y expedita.
Pará tener una mejor justicia desde su diseño.
Desde mi muy particular punto de vista habría no solo que cuidar, sino aprovechar la reforma para fortalecer la jurisdicción especializada como la justicia para adolescentes, la jurisdicción indígena y la jurisdicción constitucional local, haciéndolas compatibles con la regionalización de las salas que se plantea en la iniciativa.
Oaxaca se ha distinguido siempre por ser un estado de avanzada en la tutela constitucional de los derechos.
Nosotros tuvimos antes que nadie, por ejemplo, disposiciones constitucionales y una ley reglamentaria que reconocía y garantizaba los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y que sirvieron de inspiración a la los posteriores desarrollos a nivel nacional.
Y también contamos con una Constitución local que tiene en su artículo 12 un catálogo ampliado de derechos humanos que sólo tenemos las personas que estemos en suelo oaxaqueño.
Y paralelamente tenemos un sistema de justicia constitucional.
Además de acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales locales cuya sustanciación es un espejo de las federales, tenemos tres medios de control que deben no solo permanecer, sino fortalecerse.
Al respecto menciona el artículo 106 de la Constitución Política de Oaxaca:
- “… las peticiones formuladas por los demás tribunales y jueces del estado cuando tengan duda sobre la constitucionalidad o aplicación de una ley”; 2. “… las peticiones formuladas por el gobernador del estado, por treinta por ciento de los diputados o por lo órganos autónomos… sobre la constitucionalidad de un proyecto de ley o decreto aprobado por el congreso, previo a su promulgación y publicación”; y 3. “el juicio para la Protección de los Derechos humanos, por incumplimiento de las recomendaciones de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca”.
Todos los anteriores son controles al Poder, tendientes a preservar la salud democrática del estado y representan garantías reforzadas respecto a las que contempla la Constitución federal.
Incluso, el artículo 1 de nuestra Constitución local también prevé la procedencia del Juicio para la Protección de los Derechos Humanos, como una especie de amparo local para garantizar los derechos humanos que se reserve el pueblo de Oaxaca; aunque dicho supuesto no está aún reglamentado.
Como podemos ver, la tarea que le depara a nuestras diputadas y diputados no es nada sencilla.
Por ello se ve con buenos ojos la convocatoria amplia y plural que se está anunciando desde el Congreso del Estado para la deliberación pública de lo que será el futuro de nuestra justicia local.
*Magistrado presidente de la Sala Constitucional y Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca.
