Resulta evidente que el crimen ha desarrollado diversas estrategias para lograr sus cometidos, razón por la cual, el gobierno debe innovar en sus políticas tanto para prevenir la comisión de delitos, como para perseguirlos y sancionarlos, con la finalidad de garantizar seguridad a los ciudadanos, de hecho, esa es una de las principales razones de la existencia del Estado, y es por ello que los individuos otorgamos parte de nuestra libertad a esa abstracción, dotándola incluso del imperium para hacer valer sus determinaciones, aún en contra de la voluntad del particular, en aras del bien común.
¿Porqué se delinque? es claro que uno de los principales objetivos de los delincuentes es obtener recursos, hacerse de dinero de manera “fácil”, a través de la violencia, desde una perspectiva sumamente egoísta, y como los criminales no disfrutan la obtención de sus objetivos a través del esfuerzo y el trabajo, es muy difícil que queden satisfechos, aunado que, a mayores recursos económicos, se va fortaleciendo la estructura criminal y en consecuencia, obtienen un mayor poder de acción e influencia, es por eso que surge la necesidad de atacar de manera frontal las estructuras económicas del crimen.
Y es aquí en donde entra una disyuntiva incluso filosófica del derecho, si recordamos, uno de los antecedentes mas importantes en materia de derechos humanos, es el pensamiento de John Locke, quien sostenía que todos los seres humanos tenemos por naturaleza una serie de derechos por el simple hecho de ser personas, y como era creyente de las leyes naturales, mencionaba cuatro derechos básicos: la vida, la salud, la libertad y la propiedad, entonces ¿el estado debe tener la facultad de afectar las posesiones de las personas? Considero que si, pero de manera regulada; el derecho a la propiedad debe cumplir un fin social, no obstante que el individuo se beneficie usando, disfrutando e incluso disponiendo de sus bienes, dicho ejercicio debe realizarse con conciencia social, por lo que, si se afecta el interés público, ya sea que los bienes sean instrumento, producto o mezcla de la comisión de delitos, el estado debe contar con las herramientas jurídicas para restablecer el fin social de la propiedad, ya que no sería justo que se permitiera a quienes a través de la delincuencia y agrediendo a la ciudadanía, mantengan la riqueza obtenida con sus actividades ilícitas.
Bajo ese sentido, el 9 de agosto del año 2019, entró en vigor la Ley Nacional de Extinción de Dominio, la cual es Reglamentaria del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de extinción de dominio, y que es el resultado de un proceso de armonización con diversos tratados internacionales en la materia, que han dado resultado en varios países, como Colombia, o el Salvador, entre otros, tomando en consideración diversos instrumentos internacionales, como lo son: la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Trasnacional, la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción, la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y sustancias Sicotrópicas, entre otras, y cuya finalidad principal es, precisamente, atacar la estructura económica del crimen en México.
He visto que se ha generado mucha especulación al respecto, creyendo incluso que es una medida para que el Gobierno nos quite nuestros bienes, pero la realidad es completamente distinta, como ejemplo podemos ver los resultados de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el combate a la corrupción, siendo que la extinción de dominio es una figura jurídica de naturaleza civil que procede solamente cuando se comenten hechos ilícitos previstos por la propia ley, y se ejerce en contra de los bienes de carácter patrimonial cuya legítima procedencia no pueda acreditarse, que hayan sido instrumento, objeto o producto de los referidos hechos ilícitos, entonces, es mentira que la finalidad de dicha figura sea desposeer de los bienes a la población, lo que si nos corresponde hacer, es ser buenos ciudadanos, cumplir con nuestras obligaciones tanto tributarias como cívicas y coadyuvar con las instituciones precisamente para disminuir los índices delictivos en nuestro estado.
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Jaime Alejandro Velázquez Martínez.
El Imparcial Oaxaca.
