En mi más reciente columna, escrita antes de conocer quién sería la nueva presidenta de la Suprema Corte de México, se dejaba en el aire una suerte de plegaria: que la nueva Presidencia encabezará un amplio diálogo con los Poderes Judiciales locales para construir con dignidad, generosidad y altura de miras un verdadero federalismo judicial.
La ministra Piña se ha mostrado en sus pronunciamientos, decisiones y votos particulares como una ministra de avanzada, incómoda con el statu quo.
Y la coyuntura en medio de la cual fue electa presidenta le otorga patente para disrumpir con firmeza y sin temores.
Es una jurista experta, con una madurez que a estas alturas de su biografía le permite claridad sobre el rumbo que ha de tomar no sólo la Corte, sino el sistema judicial de México.
Desde hace ya varios años la academia y el mismísimo ministro Sergio Vals han posicionado, con intermitencia, el redimensionamiento del federalismo en México desde su arista judicial.
César Astudillo, Manlio Casarín, Raúl Ávila, Víctor Colli, José Álvarez Montero, Carlos Muñiz, Francisco Martínez Sánchez, Manuel González Oropeza, entró otros a quienes ofrezco disculpas por el involuntario olvido, han dejado testimonio (siempre renovado) de la necesidad de que las entidades federativas a través de sus Constituciones ocupen el lugar de dignidad y protagonismo que les corresponde en el diseño federal mexicano.
Y es que para efectos prácticos México se parece más a una república donde todo se decide en el “centro”.
Las entidades federativas dejaron de ser hace mucho tiempo libres y soberanas, y hoy muchas de ellas no gozan ni siquiera de la más elemental autonomía.
Cuando se habla de supremacía constitucional, la única Constitución que existe es la federal y en la más generosa interpretación, las Constituciones locales pasan a ser algo así como leyes secundarias.
En la práctica judicial los tribunales estatales se han mantenido en un estado de interdicción, incapaces de resolver (bajo cualquier argumento) en última instancia sus propios asuntos.
Es la discapacidad judicial.
El amparo ha degenerado en un procedimiento mórbidamente obeso que engulle todo a su paso, incluida la soberanía de los estados.
Argumentos a favor y en contra de que la Judicatura Federal se erija en una tercera instancia, hay de sobra.
Pero la raíz de los principales argumentos a favor es de vieja data.
La argumentación se debe refrescar, replantear. Y la discusión se debe abrir ¿por qué no? desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación y su presidenta.
El equilibrio de poderes debe escapar a la lógica de lo federal e insertarse en la de lo federalista.
Finalmente es en los estados donde la inmensa mayoría de las controversias se resuelven y la estadística confirma que la gran mayoría de las sentencias de amparo confirman la decisión de los poderes judiciales de las entidades federativas.
Desde aquella madrugadora entrevista para El País, la ministra Piña se mostró como una mujer a quien no la movía ambición alguna para ocupar la presidencia de la corte.
Tengo la percepción de que la ministra no busca reconocimiento ni dinero. Creo legítimamente que Norma Piña quiere hacer historia.
Una de sus prioridades la tenemos ya muy clara: el empoderamiento de las mujeres y la paridad.
Su otro legado puede ser claramente un nuevo federalismo judicial que, por lo menos, atempere las ofensivas asimetrías entre Judicatura Federal y Judicatura estatales y que siente las bases para una auténtica independencia Judicial que se corone, más temprano que tarde, con el 3% como mínimo recomendado de los presupuestos de los estados para sus poderes judiciales.
La causa ha tocado muchas puertas a lo largo de los años.
Hoy llama a la puerta de la ministra Piña. Queremos que sea nuestra aliada.
*Magistrado de la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca
