Hace unos días, habitantes del municipio de San Pedro Quiatoni, perteneciente al Distrito de Tlacolula, marcharon en la capital oaxaqueña exigiendo a las autoridades estatal y federal cancelen las concesiones mineras.
De acuerdo con Simitrio Ruiz, representante de la comunidad, sin haberse realizado una consulta previa, libre e informada, la Secretaría de Economía y la Dirección General de Minas autorizaron10 concesiones a tres empresas mineras, las cuales han acaparado el 25% de su territorio para explotar oro, plata, cobre y zinc. Como resultado de la actividad minera, sus recursos naturales han sido contaminados, señalaron los manifestantes.
La realidad que viven las comunidades donde se han instalado las compañías mineras contrasta con el discurso de las multinacionales, en el cual ofrecen empleo y desarrollo. Los beneficios que reciben las comunidades por la extracción de recursos minerales son marginales, mientras las compañías obtienen grandes ganancias.
De acuerdo con el Anuario 2018: Las actividades extractivas en México, elaborado por Fundar, muchas veces las empresas y el gobierno ofrecen cifras infladas sobre la generación de empleos que aporta la extracción de minerales en el país, con el objetivo de obtener autorizaciones para desarrollar proyector mineros; sin embargo, al estudiar las cifras detenidamente se observa que la aportación de esta actividad es mínima. Para finales de 2018, el IMSS registró un total de 131,434 trabajadores asegurados en la actividad económica de industrias extractivas, cifra que representó 0.66% del total de éstos.
Además de la marginal generación de empleos, algunas empresas mineras operan bajo el esquema de subcontratación, lo cual beneficia al patrón a costa de los derechos laborales de los trabajadores. Según el Censo Económico de 2014, el sector económico que contrató un mayor porcentaje de personal ocupado no dependiente de su razón social fue el de las actividades extractivas (incluye la extracción de petróleo y gas y minerales metálicos y no metálicos), que representó en este rubro cerca del 27.4%, después le siguió el comercio (18.8%), las manufacturas (18.3%) y los transportes, correos y almacenamiento (18.1%).
Sobre las condiciones socioeconómicas en los municipios donde se extraen minerales, en el Anuario 2018 se encuentran algunos elementos al respecto. Por ejemplo, al considerar la medición de la pobreza en 2016, se obtiene: 62% de los municipios en los cuales se extrae oro, rebasa el nivel promedio de pobreza nacional, mientras que 42% rebasa el promedio de pobreza extrema; en el caso de los centros productores de plata, 80% rebasa el promedio de pobreza y 47% el promedio de pobreza extrema. A pesar de que la extracción minera se remontan desde la época colonial, los beneficios económicos no se reflejan en una mejora sustancial en la calidad de vida.
Otro aspecto a tomar en cuenta es la afectación en los recursos naturales por la actividad minera. Uno de los casos más importantes es el consumo de agua por parte de las compañías. Entre 2010 y 2018, se desecaron 121 acuíferos en los que operaban 70 proyectos mineros. Además de que actualmente hay 250 proyectos que podrán disponer del agua, de los cuales el 50% de estos proyectos se centran en minerales preciosos que demandan una mayor cantidad de agua.
Como se ha visto, la actividad minera no es el motor de desarrollo que se quiere hacer creer a las comunidades. Ante la desinformación por parte de las empresas mineras, así como las omisiones y facilidades durante las pasadas administraciones, es importante que el gobierno federal cumpla con su promesa de respetar y proteger los derechos de los pueblos indígenas. Por otra parte, donde hay proyectos mineros, se debe garantizar la formalidad del empleo y las condiciones de seguridad, asimismo, proteger los recursos naturales como el agua.
