Oaxaca enfrenta problemas de toda índole y, uno de los problemas fundacionales de lo que podría ser la “oaxaqueñidad”, es el exceso de municipios. A esto hay que sumar la modalidad comunal de la propiedad de las tierras. Ahí nacen muchos de los problemas que vivimos cotidianamente y son una de las causas del atraso ancestral que padecemos.
El exceso de municipios provoca su atomización. Tenemos algunos tan pequeños que podríamos atravesarlos en bicicleta en menos de 10 minutos. Ridículamente pequeños y que podrían ser simples colonias de la ciudad capital son Yatareni, Santa Lucía del Camino, Santa Cruz Amilpas, San Jacinto Amilpas, San Sebastián Tutla o Ánimas Trujano. Xoxocotlán, que requiere un poco más de tiempo para atravesarlo, pero también debería ser integrado al municipio de Oaxaca de Juárez.
En sentido contrario a su pequeño tamaño resultan grandes generadores de conflictos, de abusos a DDHH y violencia en general. La mal entendida autonomía municipal los lleva a interpretarla como si fuera una patente de corso para hacer lo que les de la gana. Y se ensañan con quienes atraviesan sus minúsculos territorios, más por necesidad que por gusto. A la conducta caciquil de horca y cuchillo de muchos presidentes municipales y sus respectivos cuerpos de policía hay que sumar los abusos de sus comuneros en contra de a quienes califican como avecindados. El exceso de municipios tiene su origen en la Colonia. A partir de las Leyes de Cádiz se otorgó una serie de prerrogativas a los naturales. Estos exigieron ser reconocidos como municipios y, a partir de la Independencia y en la conformación del nuevo Estado mexicano, se consintió en tal gusto a pesar de que, en 1824, no eran más que minúsculos caseríos perdidos en las serranías oaxaqueñas. Probablemente siempre supieron los españoles ladinos que la mejor manera de dominar un estado tan grande y diverso como Oaxaca era dividirlo en pequeños municipios. Y lo lograron, nos dividieron y, lo más grave, es que hoy estamos orgullosos de ello.
En las redes sociales se difunden continuamente videos que testifican los abusos de las cavernarias autoridades. Apenas hace una semana vimos cómo detuvieron a un par de jóvenes aplicando no solo fuerza excesiva sino golpes directos en su contra en San Jacinto Amilpas. Hasta un paramédico intervino en el abuso. Tan dramático resultó ese testimonio que llegó a las pantallas de los medios nacionales. También se difundió la queja de un turista que tuvo el atrevimiento de cruzar el territorio salvaje de uno de esos municipios conurbados a quien sus policías viales detuvieron por portar placas foráneas. Aplicando el celo del deber, la indecente multa resultó ser de 40 mil pesos para devolverle el auto.
Para muchos ya quedó en el olvido, pero no hace muchos meses vivimos una racha de personas que murieron en manos de policías municipales o en las mazmorras que habilitan como celdas de detención. Suicidios dijeron ellos. No fue así, los periodistas estamos para recordar a la opinión pública que todas esas muertes, que debieron haber provocado un cambio legal y no solo indignación, no sirvieron para nada. Nada se sabe de las sentencias que debieron haber dictado los jueces o de la destitución y consignación de autoridades incluyendo al presidente municipal.
De los obesos diputados del Congreso local que debieron haber reaccionado de inmediato ante tan atroces crímenes, nada han hecho para legislar y acotar el poder indiscriminado que se otorga a esas autoridades.
Quien necesita salir de la ciudad capital no solo se enfrenta a los criminales cuerpos de policía vial de cada pueblo. Hay que andar con cuidado para no molestar a taxistas foráneos, mototaxistas y camioneros en general adheridos a los famosos sindicatos que son, en la realidad, una de las expresiones del crimen organizado.
Una y otra vez circulan en las redes los testimonios de golpizas en pandilla contra aquel que pudiera llegar a tener un percance con ellos.
El tema es difícil, pero debe abordarse. Ningún presidente quiere perder el control de sus policías y los negocios e ingresos que se hacen a través de ella, sobre todo por las policías viales. Pero la obligación del ejecutivo y del Congreso es la de enfrentar los problemas, buscar soluciones y proteger a la gente, y al medio ambiente, de estos depredadores.
Es visible que desde los ayuntamientos oaxaqueños se abusa cotidianamente de los Derechos Humanos. No sabemos quiénes, pero algunos de ellos estarían cooptados por el crimen y están a su servicio. Si recibieron plata, deberán entregarles resultados o, de plano, son parte de algún cártel. Como dato adicional y muy grave, algunos de los atentados contra reporteros han sido ordenados desde presidencias municipales.
Muchos de esos crímenes siguen impunes. Informe de acuerdo con la trascendencia social del primer informe de gobierno en este artículo le dedicamos un espacio proporcional al mismo: nada.
