Las filtraciones a los medios de comunicación de material gráfico sobre mujeres violentadas y/o asesinadas constituyen no solo una violencia directa hacia ellas, su memoria y sus familias, sino violencia simbólica que afecta a toda la sociedad, pues desencadenan una visión deformada de ellas, y de las mujeres en general, una imagen invariable que se repite a la saciedad, alimentando estereotipos sexistas, morbo y normalizando su vulnerabilidad como algo que los medios tienen derecho a exponer, para el “consumo” de noticias. Así las mujeres son objeto de consumo vivas o muertas, como hacen evidente esas portadas de diarios que, por un lado, ponen a una mujer joven curvilínea, casi sin ropa, y junto la imagen de un cuerpo mutilado, sea en un accidente o por un delito.
Y aunque en general los medios de comunicación no son responsables directos de los delitos contra las mujeres y niñas como el feminicidio, o las violaciones, al publicar imágenes filtradas por quienes deben proteger a las víctimas, es decir las autoridades que deben procuran seguridad y justicia, no contribuyen al derecho de la sociedad a estar informada, sino que se vuelven parte del ciclo de impunidad que caracteriza a los crímenes de odio contra las mujeres en nuestro país.
En un mundo donde las redes sociales son uno de los principales canales de comunicación, reflexionemos sobre su potencial para inducir cambios conductuales a favor de la igualdad, la justicia y el bien común, sin lucrar con la tragedia, incrementando la tragedia para familiares y amistades.
Ahora que la norma al respecto se robustece con la aprobación por la Cámara de Diputados de la Ley Ingrid, turnada la semana pasada al Senado para su discusión y aprobación. Una ley basada en el feminicidio de Ingrid Escamilla, desollada por su pareja y cuyas imágenes del crimen fueron filtradas y difundidas en los medios de comunicación, ¿estamos más cerca de evitar la repetición de casos de filtraciones, en garantizar la integridad, intimidad y dignidad de las víctimas?
Pese a que, en los principios y técnicas de actuación fijados en el Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial del Delito de Feminicidio, se enmarcan el respeto a la dignidad de la persona, la confidencialidad de la información y la no revictimización, ha parecido letra muerta.
El llamado es a que los medios, desde su tan aclamada ética periodística, den paso a la reflexión sobre la forma en que se cubren los feminicidios y las violencias contra las mujeres, sin que ello deslinde al Estado mexicano de sus obligaciones y responsabilidades frente a las filtraciones.
Y como sociedad, principalmente nos toca dedicar tiempo al análisis de lo que se consume a través de las pantallas y los medios escritos, para distinguir entre información útil y apología del odio y de la violencia. La criminalización y la revictimización de las mujeres, que a final de cuentas afecta y desgasta ese tejido social cada vez más ensangrentado.
Ah, y, por cierto, no olvidemos que la Ley Ingrid también vio la luz como consecuencia del empuje, de las exigencias y el activismo del movimiento feminista. Otro tema que recordar en este marzo mes de las mujeres.
