Más del 70% de las personas que dejaron de estar empleadas durante el último año son mujeres, de acuerdo con datos difundidos por el INEGI. Desde el inicio de la pandemia, las mujeres han sido las principales afectadas, tanto en el ámbito laboral y profesional, así como en su salud física y emocional. Es por eso que la Organización de las Naciones Unidas ha dicho que “la COVID-19 es una crisis con rostro de mujer”.
Ante las medidas de confinamiento establecidas para evitar la propagación del virus, como son el cierre de escuelas y las clases en línea, las mujeres han dedicado más tiempo al trabajo doméstico y de cuidados. Según el Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2020 del CONEVAL, se estima que las mujeres dedican 22 horas a la semana a los quehaceres domésticos y 28 horas al cuidado de otras personas, esto equivale a 2.5 veces el tiempo que dedican los hombres a las mismas actividades.
Como señala la Dra. Eva O. Arceo Gómez, académica de la Universidad Iberoamericana, el hecho de que las mujeres gocen de mayor igualdad respecto a los hombres provoca que tengan mayor poder de negociación en los hogares, esto incluye una distribución más igualitaria de los gastos del hogar hasta menor violencia.
En este sentido, durante la contingencia sanitaria se ha registrado un incremento considerable en asesinatos de mujeres, llamadas de auxilio relacionadas con violencia y aperturas de investigaciones penales por violencia familiar. De acuerdo con el informe Las dos pandemias: violencia contra las mujeres en México en el contexto de COVID-19, elaborado en conjunto por EQUIS Justicia por las Mujeres, la Red Nacional de Refugios e Intersecta, en el mes de abril de 2020 se registró un total de 103,117 llamadas relacionadas con la violencia contra las mujeres; de esta cifra, 57.2% fueron por violencia familiar, 19.3% por violencia de pareja, 22% por violencia contra la mujer y 1.4% por violencia sexual.
Ante este panorama, las intervenciones de los tres niveles de gobierno fueron insuficientes o inexistentes. Conforme al Rastreador Global de Respuestas de Género, elaborado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), México adoptó sólo tres medidas con perspectiva de género para mitigar el impacto del COVID-19. Dos fueron económicas: otorgar créditos para apoyar a micronegocios y trabajadoras del hogar. En colaboración con organizaciones la Secretaría de Gobernación lanzó el programa “Ella hace historia”, el cual tiene por objetivo ofrecer educación financiera a las emprendedoras.
Aunque ha transcurrido más de un año desde que inició la Jornada Nacional de Sana Distancia, aún prevalece el cierre de escuelas y las clases en línea, por tanto, el gobierno tiene la responsabilidad de establecer acciones que sean efectivas y oportunas para atender las diversas problemáticas que afectan a las mujeres.
Desde la sociedad civil organizada se han hecho propuestas interesantes. Por ejemplo, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) sugiere cuatro puntos para lograr una mayor participación de las mujeres en la economía: 1. un sistema universal de cuidados y desarrollo infantil, sin distinción entre personas trabajadoras formales e informales; 2. transitar de los permisos a las licencias de paternidad obligatorias; 3. impulsar la norma 025 de Igualdad Laboral y No Discriminación; y, 4. créditos fiscales para las pymes por la contratación de mujeres que retornen al mercado laboral después de un embarazo, el cuidado de hijos o un periodo de inactividad de hasta 15 años.
Por último, en medio de las campañas electorales, debemos preguntarles a nuestros candidatos y candidatas cuáles son sus propuestas para resolver las problemáticas que afectan a las mujeres.
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