En los últimos años, diversos informes nacionales e internacionales han alertado sobre un preocupante aumento en las muertes maternas, un indicador clave del estado de salud de una sociedad. La muerte materna, definida como el fallecimiento de una mujer durante el embarazo, parto o dentro de los 42 días posteriores a la terminación del embarazo, por causas relacionadas con este, representa no solo una tragedia personal y familiar, sino también un grave fallo del sistema de salud.
En muchos países en desarrollo, así como en algunas regiones marginadas de naciones más avanzadas, las cifras han ido en aumento debido a factores estructurales como el acceso limitado a servicios de salud de calidad, la falta de personal médico capacitado, el desabasto de medicamentos esenciales y las deficiencias en la atención prenatal. Además, las condiciones socioeconómicas, la violencia de género y la discriminación contra las mujeres agravan este problema.
La pandemia por Covid-19 también dejó secuelas importantes en la salud materna. Muchos servicios se vieron interrumpidos o limitados, lo que retrasó controles prenatales, atención oportuna del parto y seguimiento posnatal. Las mujeres embarazadas se enfrentaron a hospitales saturados, miedo al contagio y dificultades para acceder a transporte o acompañamiento médico.
Según datos recientes, las causas más comunes de muerte materna siguen siendo hemorragias obstétricas, trastornos hipertensivos del embarazo, infecciones y abortos inseguros. Estas causas son, en su mayoría, prevenibles con atención médica adecuada, lo que vuelve aún más alarmante el aumento de casos.
La respuesta a esta crisis exige una acción urgente y coordinada: mayor inversión en salud materna, educación para la prevención, fortalecimiento de la partería profesional, mejora de la infraestructura hospitalaria y políticas públicas con enfoque de género y equidad. Garantizar una maternidad segura debe ser una prioridad estatal y comunitaria. Ninguna mujer debería morir por dar vida.
